Más investigaciones sobre Tersa
El fiscal solicita una nueva ronda de declaraciones al juzgado, mientras la empresa pública reclama archivar el caso después del informe de la Guardia Civil que aprecia un posible riesgo para la salud en la planta incineradora.
La Fiscalía pide continuar investigando la presunta emisión de sustancias contaminantes por encima de lo autorizado en la incineradora de basura Tersa, situada en el límite entre Barcelona y Sant Adrià de Besòs. El fiscal Víctor Castells presentó recientemente un escrito al Juzgado de Instrucción número 5 de Badalona en el que solicita una nueva ronda de declaraciones tras el informe en el que la Guardia Civil concluye que la planta puede suponer un «riesgo» para la salud, al hallar temperaturas inverosímiles para eliminar residuos en los registros de actividad de la fábrica de titularidad pública, a los que niega fiabilidad. El Ministerio Público extrae del dictamen policial que la empresa pudo cometer «un incumplimiento de la normativa medioambiental».
Entre otras peticiones, la Fiscalía reclama que la directora general de Qualitat Ambiental de la Generalitat, Mireia Boya, declare como testigo. También pide que comparezca para ser interrogado de nuevo el jefe de explotación de la compañía, F. R. G., imputado en la causa abierta por un presunto delito ecológico entre 2015 y 2019 en la incineradora, propiedad del Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana. Eloi Badia, actual diputado de Sumar, también figura como investigado. El parlamentario presidió Tersa cuando era concejal de Emergencia Climática en Barcelona, durante el gobierno de la alcaldesa Ada Colau.
Con su petición de diligencias, el Ministerio Público marca distancias con la defensa de Tersa, que instó a que el caso se archive tras el dictamen de la Guardia Civil sobre la planta, que quema más de 300.000 toneladas de residuos al año, la que más en Catalunya. La compañía considera que la pericial acredita que la central se ciñe a los umbrales de emisiones exigidos y cumple sin superar los límites de dioxinas y furanos cancerígenos. Por su parte, la acusación que ejerce la plataforma vecinal Airenet requiere que se impute a un cargo de la Generalitat, Xavier Guinart, jefe del Servicio de Vigilancia y Control del Aire.
En contraste con los argumentos de la empresa, la Fiscalía destaca del informe policial que «no se ha podido encontrar una razón física que justifique las temperaturas extremadamente anómalas» de la incineradora, «tanto por excesivas como por bajas», apunta. Añade que los agentes tampoco hallan lógica a los supuestos «cambios bruscos» en «cortos períodos de tiempo» del nivel de calor con que se calcinan los desechos, «sin consecuencia en la propia planta, como serían daños estructurales en el propio material de los hornos», advierte el escrito del fiscal.
Además, subraya que Tersa se quedó en ocasiones por debajo del nivel de combustión necesario para minimizar la expulsión de partículas contaminantes, como las dioxinas y los furanos, a tenor de las comprobaciones de la Guardia Civil. «Conforme al informe pericial realizado por la Guardia Civil, se constata que la temperatura dentro de la cámara de combustión no ha alcanzado en múltiples ocasiones los 850 grados centígrados, imprescindibles para quemar residuos», resalta el Ministerio Público.
«Esta circunstancia es un incumplimiento de la normativa medioambiental prevista para dichas instalaciones», recalca la Fiscalía, en referencia a las incineradoras. Alerta que infringir las leyes de medio ambiente con vertidos que dañen la calidad del aire, el suelo o el agua, así como el hábitat de animales y plantas, es un delito incluido en el Código Penal.
«La no incineración de los residuos a una temperatura superior a los 850 grados, como exige la normativa, genera que la cantidad de furanos y dioxinas que salgan por la chimenea de la planta de incineración suponga un riesgo para el medio ambiente», avisa el escrito presentado por el fiscal. Agrega que es «fundamental» que se verifique que los hornos superan los pertinentes 850 grados «en la propia cámara de combustión por medios físicos», mediante termopares –unos medidores industriales de temperatura–, «no utilizando en estos casos una fórmula matemática».
850 grados
La Fiscalía recuerda que la temperatura superior a los 850 grados «debe ser calculada por la propia planta y dicho dato debe ser suministrado a las administraciones competentes para que puedan controlar que se está cumpliendo la normativa». El algoritmo con que Tersa mide la temperatura a que arde la basura es una cuestión extremadamente técnica y, al mismo tiempo, clave en la causa. La compañía y la Generalitat le conceden rigor, mientras que la Fiscalía opone que no está homologado.
El fiscal ruega que la jueza cite a los autores del informe de la Guardia Civil. Son dos agentes, una doctora en Física y otra en Química. Quiere que ratifiquen el contenido del dictamen y contesten a las preguntas de las partes personadas en la causa. También reclama que testifiquen los dos empleados del Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat que redactaron un informe en que se reconocía que una multitud de datos recogidos minuto a minuto sobre las emisiones de Tersa se entregaron con errores al juzgado. Alegaron que un fallo al copiar las registros originales alteró millones de cifras.