El PP tumba los objetivos de déficit y retrasa los Presupuestos
▶ El Gobierno presentará otro acuerdo en el Congreso y el Senado en un mes ▶ Para las autonomías se prevé reducir la deuda al 0,1% del PIB
El Senado tumbó ayer la senda de objetivos de déficit y deuda propuesta por el Gobierno, que ya había sido validada por el Congreso. Cumpliendo con el guion anunciado, la mayoría absoluta del PP en el Senado votó en contra de la propuesta del Consejo de Ministros. Esta senda constituye el paso previo para la elaboración del ya retrasado proyecto de Presupuestos del Estado para 2024 que pretende sacar adelante el Ejecutivo en los próximos meses. El veto del Senado supone una demora aún mayor para los Presupuestos.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó en la tribuna del
Senado que, tras el no que había anunciado el PP, y según lo que permite la ley de estabilidad, el Gobierno volverá a presentar en el Congreso y el Senado en el plazo de un mes un nuevo acuerdo del Consejo de Ministros, que incluirá la misma senda de objetivos para el periodo 2024-2026.
Superávit para ayuntamientos
Esta senda de objetivos prevé una reducción del déficit del conjunto de las administraciones públicas desde el 3,9% del PIB con que se prevé cerrar el ejercicio 2023 al 3% del PIB en 2024. En particular, establece que el déficit del Estado se debe mantener en el 2,9% del PIB en 2024. Para las comunidades autónomas, se prevé pasar de un déficit del 0,6% a uno del 0,1% del PIB. Los ayuntamientos deberían aumentar su superávit al 0,2% del PIB y para la Seguridad Social se prevé que el déficit del 0,5% de este año se reduzca al 0,2% del PIB en 2024.
Montero insisitió en que el Gobierno dispone de un informe jurídico de la Abogacía del Estado que avala que, pese a un previsible segundo veto del Senado, el Ejecutivo podrá aprobar un proyecto de ley de Presupuestos sobre la base de una senda de objetivos de déficit y de deuda anterior, que es la que fue incorporada en la Actualización del Plan de Estabilidad presentada en Bruselas el 31 de abril del año pasado y validada después por la Comisión Europea.
La cuestión es que la senda de objetivos de abril es más exigente para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos que la que ahora propone el Gobierno.
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