El Parlamento Europeo decide si permite el uso policial del reconocimiento facial
▶ Los eurodiputados debaten hoy una ley que autoriza el intercambio de imágenes de presuntos delincuentes y que diversas oenegés rechazan
El Parlamento Europeo vota hoy modificar la ley que facilita el intercambio de datos entre cuerpos de policía para incluir imágenes del rostro de presuntos delincuentes. Aunque Bruselas defiende dar más poder a las organizaciones policiales como algo «necesario» para combatir el crimen, decenas de oenegés denuncian que «amplificará la extralimitación estatal y la vigilancia masiva», causando «daños considerables, especialmente a los grupos marginados y vulnerables».
La actual legislación, conocida como Prüm I, permite a las autoridades policiales consultar las bases de datos de otros Estados miembros para acceder al ADN, a las huellas dactilares o a las matrículas de vehículos de sospechosos de actividades criminales. Este marco de cooperación, vigente desde 2008, «ha resultado decisivo para resolver muchos delitos en
Europa (...) y luchar contra la delincuencia organizada, las drogas, el terrorismo, la explotación sexual, la trata y otras actividades delictivas», aseguró la Comisión Europea.
En diciembre de 2021, Bruselas propuso ampliar la ley para dar más poderes a la policía y a la Europol. El pasado noviembre se alcanzó un acuerdo político para un crear un sistema central que automatice el intercambio de datos de ciudadanos sospechosos, entre ellos sus imágenes faciales. Hoy serán los eurodiputados quienes decidan si el pacto sigue adelante. Todo apunta a que así será, pues —como se vio en el voto de diciembre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior— la propuesta cuenta con el apoyo de conservadores, socialdemócratas, liberales y extrema derecha.
Sin suficientes garantías
La modernización del marco normativo, conocido como Prüm II, no legaliza el reconocimiento facial per se, pero sí permite interconectar imágenes faciales con las bases de datos de la policía. La sociedad civil lamenta que, en la práctica, eso animará a los Estados miembros a adoptar esta controvertida tecnología. «No hay suficientes salvaguardias que garanticen que no se violarán los derechos humanos», alerta Itxaso Domínguez de Olazábal, asesora política de European Digital Rights (EDRI), la mayor red europea de oenegés en defensa de los derechos y libertades en internet.
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