El Parlament da un paso para que los delitos de pederastia no prescriban
▶ La Cámara catalana aprueba llevar al Congreso una proposición de ley para modificar el Código Penal La norma no tendrá carácter retroactivo
«Por fin hay una institución que ha escuchado a las víctimas». La frase, pronunciada por Miguel Hurtado, activista y primer denunciante del caso Montserrat, cuando se registró la proposición de ley, es paradigmática de la relevancia que tiene que el Parlament diera ayer el primer paso para que las agresiones sexuales contra menores castigadas con penas más altas –de cinco años o más– no prescriban. Lo hizo por la vía rápida y con un amplio apoyo: el sí de 102 diputados de PSC, ERC, Junts, Comuns -impulsores de la iniciativa- y de Ciutadans, tras meses de trabajo y negociación en la comisión de la Cámara catalana que investiga la pederastia en la Iglesia. La CUP y el PP se abstuvieron, mientras que solo Vox votó en contra.
Ahora, el texto se remitirá al Congreso para que sea tomado en consideración y aprobado definitivamente, ya que la Cámara catalana no tiene competencias para reformar el Código Penal. La ley no tendrá carácter retroactivo, pero los impulsores, supervivientes de esas agresiones, confían en que servirá para proteger mejor a los menores y, sobre todo, para evitar que se repitan casos como el del profesor condenado por el caso Maristas, Joaquín Benítez. Una veintena de acusaciones contra él decayeron porque ya habían prescrito.
Justamente, evitar esta impunidad era una de las principales demandas de las víctimas y plataformas en defensa de los derechos de los menores, que recuerdan que en muchos casos, cuando los afectados se arman para denunciar, ya no es posible iniciar un procedimiento. Los diputados que defendieron la propuesta subrayaron la necesidad de atender a las víctimas y, al mismo tiempo, impedir que haya inseguridad jurídica que provoque una revictimización.
«Esta ley no es de carácter retroactivo, no nos beneficiaremos de ella. Llevamos años luchando por una ley que no nos soluciona la vida, pero dormiremos más tranquilos sabiendo que en el futuro estarán un poco más protegidos», dijo Hurtado después de que en el Parlament se registrara la proposición de ley antes de las fiestas navideñas.
El texto aprobado por la Cámara catalana propone que los delitos de abusos contra menores castigados con penas iguales o superiores a cinco años de cárcel no caduquen nunca, mientras que se elevan los años de prescripción del resto de delitos castigados con penas inferiores. La norma también propone que no caduquen todos aquellos delitos relaciones como la prostitución de menores o su captación para la exhibición o la pornografía.
La incomparecencia de Omella
Durante el debate en el Parlament, los diputados también se quejaron del plantón del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y Arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, a la comisión contra los abusos en la iglesia. Una negativa a comparecer que la Mesa del Parlament ya ha reportado a la Fiscalía. A ello se refirió la diputada de Junts Glòria Freixa, en su intervención, que defendió que la comisión no es un «tribunal de la inquisición contra la iglesia», sino un «intento de paliar el sufrimiento» de las víctimas. La diputada de En Comú Podem Núria Lozano le reprochó, a su vez, el no de Junts y el PSC a la comparecencia de los obispos de Vic o de Solsona.
Judit Alcalá, en nombre del PSC, defendió el «deber moral» de proteger a quienes no han sido «escuchados», «creídos» o han tenido que vivir su situación en silencio, mientras que la diputada de ERC Raquel Sans, advirtió de que costará «probar estos delitos» pasado tanto tiempo, pero que el Parlament tiene que expresar su «tolerancia cero» con los abusos sexuales a menores.
La CUP se abstuvo porque considera que el texto actual no «repara» ni «depura las responsabilidades de la Iglesia católica». Además, considera que este tipo de delitos no deberían «prescribir en ningún caso» y no solo en el de los delitos de abusos sexuales a menores penados con más de cinco años de prisión. El mismo argumento apuntó la diputada expulsada por Junts Cristina Casol, que se desmarcó de su anterior grupo en su primera votación.
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La CUP se abstuvo porque considera que el texto no depura la responsabilidad de la Iglesia católica