La Audiencia de Barcelona envía a juicio a 46 policías por las cargas del 1-O
▶ La fiscalía y las acusaciones populares en la causa deberán presentar ahora su escrito de calificación y después les tocará a las defensas
La Audiencia de Barcelona ha confirmado la decisión del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona de enviar a juicio a un total de 46 policías nacionales por las cargas en las diferentes escuelas de la capital catalana durante la jornada del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017. Reafirma, así, el criterio del magistrado instructor, que considera que existen suficientes indicios de delitos de lesiones y contra la integridad moral en este caso.
En la resolución, el tribunal descarta investigar a más agentes –motivo de los recursos de apelación de las acusaciones–, pero también rechaza archivar la causa contra los ya acusados, denegando las peticiones de sus defensas y pese al apoyo mayoritario de la Fiscalía de Barcelona. Los magistrados han resuelto casi 50 recursos. El delito de integridad moral no entra en la ley de amnistía.
La resolución de la Audiencia de Barcelona señala que «la calificación jurídica indiciaria que otorga el auto a los hechos descritos va más allá de simples delitos de lesiones y apunta claramente a que algunas conductas podrían ser incardinadas en el delito contra la integridad moral cometido por funcionario público», según las acusaciones populares ejercidas por Òmnium Cultural e Irídia. Estas dos entidades, además de la ANC, recurrieron contra algunos autos de archivo, pero el tribunal los ha confirmado. Por lo que respecta a los agentes investigados, se han desestimado también sus recursos contra su imputación. Los magistrados argumentan que hay muchas evidencias e imágenes que indican que podrían haberse cometido abusos policiales contra los votantes independentistas.
Parámetros objetivos
Los togados de la Audiencia recalcan que coinciden con el criterio del juez instructor, «que se ha basado en parámetros objetivos como la existencia o no de advertencias o intentos de mediación previos a las cargas» o la «mayor o menor violencia con las que estas se llevaron a cabo, el tipo de medios empleados, su forma de uso, las partes del cuerpo en que se dirigieron los golpes e incluso la edad y la condición de las personas lesionadas».
Según el auto de los magistrados, el juez instructor de la causa ha seguido criterios «racionales, coherentes, objetivos y desapasionados, sin atisbo de contaminación política o ideológica, que es más de lo que se puede decir del contenido de algunos recursos».
Òmnium Cultural e Irídia consideran que esta es una resolución muy importante porque supone un gran paso adelante en «la lucha contra la impunidad de una actuación policial no solo desproporcionada sino delictiva», que provocó la condena de los principales organismos internacionales de derechos humanos. En un comunicado, expresaron que «después de muchos años de trabajo, 46 agentes de la Policía Nacional son enviados a juicio, gracias principalmente al rol de la sociedad civil como herramienta de protección de derechos humanos».
El juez de Barcelona Francisco Miralles, que investigó las cargas de la Policía Nacional en el 1-O, dejó a un paso de ir a juicio en enero de 2023 a 45 agentes del cuerpo (ahora son 46) ante los indicios de que su actuación podría constituir delitos de torturas, contra la integridad moral o lesiones. El magistrado, en cambio, archivó la causa para otros
El tribunal avala a un juez que vio delitos de lesiones y contra la integridad moral en la actuación policial
20 agentes. En un auto, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, dio por concluida la investigación y daba un plazo de 40 días a las acusaciones y defensas para que presentaran sus escritos de calificación o solicitasen el archivo de la causa abierta a los agentes, a los que imputa cargas desproporcionadas en 25 escuelas que acogieron urnas en la consulta soberanista. Las defensas y las acusaciones recurrieron y la Audiencia de Barcelona ha ratificado su decisión, por lo que el siguiente paso debe ser que se presenten los escritos de acusación y los de defensa.
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