Canarias y las contradicciones de la emigración

Canarias debería ocupar estos días el mismo espacio, como mínimo, del que ocupa Catalunya y su amnistía. Cientos de personas llegan a diario a las islas transportadas por mafias en cayucos sin ninguna garantía para sus vidas. Y cuando llegan a puerto se activan todas las contradicciones de la política migratoria de la UE: deben ser atendidos humanitariamente, acogidos si pueden alcanzar la condición de refugiados y expulsados si llega el caso. Pero la realidad es que las estructuras de acogida son insuficientes, el proceso de tramitación del estatuto de refugiado es lento y la expulsión a veces es imposible porque cuesta determinar su origen o porque proceden de estados fallidos. Llevo ya escritas varias líneas de texto que resultan plúmbeas para una u otra forma de populismo: la del papeles para todos y la del aquí no cabe todo el mundo. El resultado es que, para que Canarias no explote, estos flujos llegan a la Península y se dispersan, no siempre ordenadamente.

Elisenda Colell ha identificado que actualmente llegan aproximadamente 150 menores inmigrantes indocumentados al mes a Catalunya procedentes de Canarias. Y otros tantos de otras fronteras españolas, incluido el aeropuerto de Barajas. La Generalitat pide que se regule ese flujo. Pero la realidad es tozuda. Los que llegan jugándose la vida quieren ir a lugares donde puedan encontrar trabajo y en los que existan estructuras de acogida. O sea, que la cosa se limita a Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y alguna capital andaluza. Si lo explicamos con detalle no es para criminalizarlos, ni para alarmar a la población, sino para entender que este problema precisaría de la atención de todos, como mínimo tan intensa como la que prestamos a las juntas de fiscales para armar sus criterios técnicos. Si no, de este tema solo se ocupa Vox en sus redes sociales, igual como ha estado solo durante meses hablando de los agricultores. Y su soledad es el amparo a su demagogia.

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