En clave europea
La calidad democrática de Grecia se deteriora bajo el Gobierno de Kyriakos Mitsotakis. El Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión que actúe contra la persecución de periodistas y la corrupción.
El Parlamento Europeo alertó esta semana sobre la grave deriva autoritaria de Grecia bajo el Gobierno de Kyriakos Mitsotakis, de Nueva Democracia y miembro del Partido Popular Europeo. En una dura resolución aprobada el 7 de febrero, la Eurocámara pide a la Comisión Europea que actúe contra Grecia por violar los principios democráticos, perseguir a los periodistas y medios de comunicación críticos, acosar a las organizaciones de la sociedad civil y connivencia con la corrupción. El Parlamento también pide evaluar la posibilidad de suspender el desembolso de fondos europeos al país.
Grecia se suma al grupo de países de la Unión Europea (UE) con derivas autoritarias, en el que destacan Hungría, Eslovaquia, Malta y Croacia y al que se ha incorporado Italia con la reforma política impulsada por el Gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni para alterar el voto ciudadano y regalar al partido más votado una mayoría absoluta parlamentaria del 55% aunque haya obtenido menos del 30% en las urnas.
El Parlamento Europeo reprocha a Grecia el debilitamiento de los contrapesos institucionales, como la intimidación a fiscales que investigaban al Gobierno, la privación de medios al Defensor del Pueblo y el relevo de la Autoridad para la Segupendidas a Hungría para comprar el voto de Orbán a favor de abrir las negociaciones de adhesión de Ucrania a la UE.
El Parlamento Europeo también advirtió hace pocos meses del deterioro democrático en Malta, la cultura de la impunidad favorecida desde el Gobierno, la venta de la ciudadanía maltesa a extranjeros y el acoso y persecución judicial a los periodistas críticos, en este caso bajo sucesivos gobiernos laboristas desde 2013. La resolución, que tampoco ha generado sanciones de la Comisión Europea, detalla la compra de votos, el uso por el Gobierno de datos sobre las preferencias políticas de los ciudadanos para discriminar y denegar servicios públicos, la falta de procesamiento de exministros y altos cargos implicados en corrupción y blanqueo de capitales, el desinterés en identificar y condenar al instigador del asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia en 2017, el empeño de las autoridades en suspender los procedimientos judiciales del escándalo del Pilatus Bank, la intimidación policial a activistas cívicos, la financiación discriminatoria de los medios de comunicación y la impunidad concedida al antiguo primer ministro, a su jefe de gabinete y al exministro de Turismo y Energía señalados por las investigaciones de Caruana Galizia. .
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