Una nueva ZBE veta a la mitad de los coches del área de BCN
Si prospera el decreto del Govern, los vehículos con ‘etiqueta B’ tendrán limitada su circulación a partir de 2026 • Generalitat, AMB y municipios discuten el contenido, incluyendo las exenciones, de la normativa
En el trasfondo del pulso en torno al proyecto del decreto catalán de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que, tal y como avanzó EL PERIÓDICO, mantienen el Govern de la Generalitat de Catalunya y grandes ciudades de la región metropolitana de Barcelona, subyace la incógnita de a qué proporción de vehículos afectará en cada uno de los municipios.
Las hasta la fecha inéditas restricciones de circulación a los vehículos con etiqueta B ( amarilla) son el principal foco de controversia: mientras que el Departament d’Acció Climàtica –y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) como administración supramunicipal– defienden que deben empezar «antes del 1 de enero del 2026» (para vehículos diésel Euro 4, modelos entre 2006 y 2013) y aplicarse a todos los etiqueta B «antes del 1 de enero del 2028», grandes ciudades como Badalona, Terrassa, Sabadell, Mataró o Rubí han solicitado flexibilizar la regulación, por ejemplo retrasando los plazos a partir de los cuales compute la limitación de circulación.
La potencial dimensión de la medida en las ciudades, en caso de prosperar la regulación del Govern (ahora en fase de exposición pública y cuya aprobación está prevista para este primer trimestre de 2024), la ofrecen a día de hoy los datos oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT) que ha analizado EL PERIÓDICO, obtenidos a partir de los parques locales de automóviles matriculados a cierre del año 2022, ya que los de 2023 todavía no están consolidados. Estos datos incluyen turismos, camiones, furgonetas, autobuses, motocicletas, tractores industriales, ciclomotores y otros vehículos.
Circunscribiendo el foco a ciudades de más de 50.000 habitantes de la provincia de Barcelona, los citados datos reflejan que, de media, la suma de vehículos matriculados sin etiqueta medioambiental y con etiqueta B en las grandes ciudades representa un 53,9% del parque total de vehículos matriculados en ellas. Es decir: en caso de prosperar la regulación que propone el Govern, en torno a la mitad de los vehículos matriculados en las grandes ciudades del área de Barcelona quedarían afectados por las restricciones de las ZBE, que en 2028 pasarían a vetar el paso a todos los etiqueta B en las ciudades de más de 50.000 habitantes (en las de más de 20.000, el decreto catalán propone restringirlo únicamente a los vehículos diésel Euro 4 con etiqueta B, excepto en episodios de alta contaminación, cuando afectaría a todos).
En términos absolutos, los vehículos potencialmente afectados por las ZBE en la suma de las grandes ciudades del área de Barcelona serían 1,1 millones, según los citados datos a cierre del 2022. Por municipios, los que registran mayor proporción de vehículos ( sin etiqueta y etiqueta B en relación al total del parque de turismos) que quedarían afectados por las ZBE serían,
Los autos y motos sin etiqueta de la DGT y con el distintivo B representan el 53,9% del parque total
Los municipios con más coches afectados son Badalona, Barcelona y Castelldefels
por este orden, Badalona (el fenómeno local más agravado: seis de cada 10 vehículos restringidos), Barcelona, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Granollers y L’Hospitalet de Llobregat.
Estos datos por ciudades permiten contextualizar el debate político alrededor de la nueva regulación catalana: entre las grandes ciudades con mayor proporción de vehículos afectados figuran algunas
de las que han formalizado alegaciones contra el decreto del Govern, como Granollers, Mataró, Terrassa o Vilanova. Alegaciones que, además de excepciones locales como la de Badalona, vertebró la asociación de municipios Arc Metropolità, cuya actual presidenta, la alcaldesa de Rubí Ana María Martínez (PSC), tildó en declaraciones a este diario el decreto catalán de «despropósito», enfatizando el «contundente rechazo» de la agrupación de grandes ciudades con marcada presencia del Vallès. Fuentes del Departament d’Acció Climàtica aseguran a este diario estar estudiando las enmiendas propuestas por estas ciudades.
Municipios disidentes
El principal argumento de los municipios disidentes es el potencial perjuicio de la medida a los residentes, especialmente a aquellos con rentas bajas. En este sentido, el Institut Metròpoli publicó a finales del 2023 un análisis desde la óptica de la justicia social sobre la ZBE Rondas Barcelona que concluía que «con un hipotético aumento de las restricciones de circulación a los coches con etiqueta amarilla, la afectación sería de un 22% de los desplazamientos en vehículo privado y afectaría más a personas que viven en barrios más vulnerables económicamente».
Pese a ello, el documento de los autores David Andrés Argomedo, Joan Checa Rius y
Núria Pérez Sans también afirma haber comprobado «cómo las rentas más bajas no están particularmente más afectadas por las restricciones de circulación actuales [se refieren a la ZBE Rondas Barcelona]», constatando que «en función del nivel de renta y del ámbito de residencia no hay diferencias sustanciales en el porcentaje de personas que declaran haber sido afectadas diariamente por la medida». Eso sí, destaca asimismo el estudio, «las personas residentes en territorios acomodados han optado por renovar el parque de vehículos más a menudo que los de los otros sectores poblacionales».
En el contexto del complejo esquema competencial sobre las ZBE (regulación estatal ya aprobada, regulación catalana a punto de cara
melo y regulaciones locales dispares en marcha), el AMB también tiene su visión como administración supramunicipal responsable de coordinar las ZBE en los 36 municipios que la integran (entre los cuales están Barcelona y otras grandes ciudades a las cuales atañe la normativa catalana, pero no otras como Terrassa o Mataró). En este sentido, es importante no confundir la posición discrepante de los consistorios díscolos con la del AMB como administración, que en lo esencial concurre con el Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat, tal y como puede visualizarse en el siguiente esquema, pese haber reprochado por carta que el decreto supone un «riesgo» ante futuros contenciosos judiciales y posibles «regresiones».
Los residentes en territorios acomodados han optado por renovar el parque más a menudo
El esquema competencial es complejo con el AMB coordinando como ente supramunicipal