Un aborto constitucional
El Estado francés puede convertirse en el primero del mundo en incluir en la Carta Magna el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo. Pero el parto legislativo se prevé complicado.
La Asamblea Nacional y el Senado debaten este invierno en Francia la inclusión del aborto en la Constitución. La Cámara Baja aprobó por unanimidad (493 votos a favor y 30 en contra), en primera instancia el 30 de enero, añadir un nuevo artículo en la Carta Magna sobre «la libertad garantizada de las mujeres» para interrumpir voluntariamente el embarazo. La Cámara Alta tiene previsto votar el 28 de febrero. Esta segunda votación se augura decisiva, teniendo en cuenta que los representantes de Los Republicanos (LR) —el partido más reacio a esta reforma constitucional, incluso más que la ultraderechista Reagrupación Nacional— son mayoría.
Para reformar la Constitución francesa, hace falta que la Asamblea y el Senado voten una versión idéntica de esa modificación. Luego, se necesita el respaldo ciudadano en un referéndum o de dos tercios de diputados y senadores. En el caso del aborto, está previsto que ese escrutinio en formato Congreso (diputados y senadores reunidos en un mismo hemiciclo) tenga lugar el 5 de marzo en Versalles. Tres días antes del Día Internacional de la Mujer, Francia podría convertirse en el primer país en el mundo en dar un valor constitucional a la posibilidad de interrumpir el embarazo.
Más allá de la complejidad de este parto legislativo, esta reforma constitucional sobre el aborto genera ciertos interrogantes, incluso en el seno del feminismo. ¿Cuál es su finalidad? ¿Se trata de un avance feminista histórico? ¿O una decisión más bien simbólica que corre el riesgo de dejar de lado las mejoras concretas (plazos, atención médica…) para las personas que quieren abortar?
El hecho de inscribir el aborto en la Carta Magna «significa que pasa a formar parte de la pirámide normativa francesa. Resulta mucho más complicado modificar la Constitución que una ley», destaca la abogada Violaine de Filipis-Abate, portavoz del colectivo Osez le Féminisme!, en declaraciones a EL PERIÓDICO. Esta jurista lamenta que finalmente la reforma no hable de «derecho» —como sucedía con una primera versión votada en noviembre de 2022 en la Asamblea Nacional—, sino de «libertad garantizada». Un cambio hecho para
El feminismo se pregunta si la reforma supone un avance histórico o un gesto simbólico
contentar a la mayoría de la derecha republicana en el Senado. «El reconocimiento del derecho al aborto hubiera resultado mucho más exigente para el Estado, que tendría que garantizar los medios para ejercerlo. El concepto libertad es menos protector», explica esta activista.
«Es una medida básicamente simbólica para decir que Francia no es como Estados Unidos», explica la socióloga Laurine Thizy. Según la autora del libro Sociologie de l’avortement, tanto la izquierda como los partidos afines al presidente Emmanuel Macron pusieron en el centro de la agenda esta medida en reacción a la sentencia en junio de 2022 del Tribunal Supremo estadounidense que ha permitido que al menos 14 estados norteamericanos hayan ilegalizado el aborto.
Apoyo mayoritario
La mayoría de los franceses no solo apoyan que el aborto sea legal, sino también el hecho de darle un valor constitucional. El 81% de ellos asegura estar a favor de incluirlo en la Constitución, según un sondeo reciente del instituto Ifop. Tanto el partido ultra de Marine Le Pen como el de Éric Zemmour defienden la ley Veil, que legalizó el aborto en 1975.
«La interrupción voluntaria del embarazo no está amenazada en Francia», afirmó el presidente del Senado, el conservador Gérard Larcher, para justificar su oposición al hecho de inscribirla en la Carta Magna:
Aunque esta reforma constitucional dificultaría una eventual ilegalización del aborto, no impediría que ese derecho se viera menoscabado por otro tipo de medidas, como una posible reducción de los plazos. En el país vecino, tanto las menores como las mayores de 18 años pueden abortar hasta las 14 semanas de embarazo. Es un periodo superior al de Alemania (12), pero inferior al de España (22), Países Bajos (22) o Reino Unido (24). Entre 3.500 y 5.000 francesas van cada año al extranjero para interrumpir su embarazo. Y muchas de ellas acuden a clínicas de Girona o Barcelona.
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