Las responsabilidades en la crisis agrícola

El campo arde en su 15M particular –tan certeramente acuñado por nuestro director Albert Sáez–, una protesta que viene de lejos. Lo sabemos quienes desde la niñez y por razones familiares mantenemos vínculos fuertes y de por vida con el mundo agrícola. Duele que los políticos lo hayan puesto ahora en la agenda, con fines partidistas, porque las elecciones europeas se acercan. También indigna el maniqueísmo y el reduccionismo con el que se trata al campo, ese malo de la película, de pensamiento único, que vive de subvenciones.

Deberían recordar que España integra a titulares de pequeñas y medianas explotaciones, trabajadores por cuenta ajena, cooperativas, empresas y organizaciones agrarias. Las desigualdades entre estos actores son kilométricas, igual que su dependencia de las ayudas europeas es dispar.

Pequeños profesionales, con una edad media superior a los 60 años, malviven por el alza de los costes de producción, los bajos precios y la mayor competencia externa, sin las ventajas de la economía de escala de los grandes y sin relevo generacional. El abandono o la venta de las tierras es su opción por el estancamiento de las rentas. Las empresas, por el contrario, progresan y se convierten en el objeto del deseo de multinacionales y fondos. Los agricultores que resisten son los que, sin fines políticos, viven su 15M. Lo hacen ahogados, además por la transición ecológica europea, el dumping medioambiental, la burocracia y el triste desapego de un consumidor que, en el mejor de los casos, quiere productos Kilómetro Cero a precios de todo a 1 euro.

La Unión Europa y sus miembros, que tanto defienden su soberanía en otros ámbitos, deben consensuar soluciones, aunque sean complejas, incluida la reforma de las ayudas. La inacción perjudica a los agricultores que cuidan el territorio y que necesitan adaptarse para ganarse a un consumidor que no puede querer frutas y verduras regaladas. Resolver la crisis del campo es responsabilidad de todos.

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