El PP se querellará contra García Ortiz por el ascenso de Delgado
▶ Argumenta que la sentencia que anuló el nombramiento de la exministra como fiscal de sala apuntó a una «desviación de poder»
El Partido Popular anunció ayer que va a interponer una querella por prevaricación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el nombramiento de su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, como fiscal de Sala.
Para ello, el PP se basa en una sentencia del Tribunal Supremo del 21 de noviembre en la que se anuló el ascenso de Delgado a la máxima categoría fiscal como «fiscal togada», un cargo previo al actual, que es de fiscal de Sala de Memoria Democrática. La promoción a la cúpula fiscal fue anulada por el alto tribunal al considerar que García Ortiz cometió una «desviación de poder» al nombrarla, porque no lo hizo por las razones previstas en la ley, sino porque entendía que existía una laguna lega, al no estar previsto de forma automática para los fiscales generales.
Ahora, el partido presidido por Alberto Núñez Feijóo va un paso más allá y considera que «esa desviación de poder» declarada en el ámbito administrativo por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, «puede conllevar, además, un delito de prevaricación», previsto en el artículo 404 del Código Penal.
Baltasar Garzón
Aunque la querella no vaya por esos derroteros, fuentes del PP hacen hincapié en que «la exministra ha sido acusada recientemente por un fiscal anticorrupción de apartarle de investigaciones relevantes por el interés mercantil de su pareja, el exjuez Baltasar Garzón, que a su vez fue apartado de la carrera judicial por una instrucción fuera de ordenamiento y contra los intereses del Partido Popular», en referencia al caso Gürtel, donde se declaró probado que distintas administraciones controladas por el PP habían beneficiado a las empresas de Francisco Correa a cambio de comisiones.
Desde el PP, no obstante, recuerdan que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nombró fiscal general a la que había sido su ministra de Justicia la legislatura anterior y que, cuando ella renunció al puesto, fue asumido por su mano derecha en el ministerio público, Álvaro García Ortiz. Estas fuentes nsisten en que el actual fiscal general ha recibido «el reproche de sus compañeros y un recurso ante el Tribunal Supremo por parte de una asociación de fiscales», la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), que le tachaban de «apéndice del Gobierno».
El PP va más allá y le acusa de «ejercer como el ministro número 23 de Sánchez». E insiste en viejos mantras, como que participó en actos de campaña del PSOE en Galicia contra Feijóo, pese a que se trataba de unas jornadas del ministerio público sobre incendios, a las que asistió como especialista en Medio Ambiente.
A partir de ahí, el PP, principal responsable de la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, que ha doblado su mandato en funciones, aprovecha para poner en duda la imparcialidad de los miembros del Tribunal Constitucional, porque su composición actual, a diferencia de las anteriores, tiene una amplia mayoría progresista.
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