Informes policiales denuncian el abandono de residencias en Madrid
▶ La Audiencia Provincial da carpetazo a una investigación por las muertes en una residencia de Parla y descarta que hubiera negligencia alguna
Negro sobre blanco, los informes y atestados que la policía municipal redactó durante el confinamiento y la primera arremetida del covid muestran el horror que se vivió en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. En las peores semanas de la pandemia, ni los familiares ni prácticamente nadie pudo acceder a los geriátricos, pero la policía local sí y sus informes dan cuenta de lo que allí encontraron. Se trata de un testimonio tan directo y fidedigno que el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso ha acudido a los tribunales para impedir que las actas sean públicas, como exige el Consejo de Transparencia. Pero, finalmente, no ha logrado frenar su difusión.
La cadena Ser ha accedido a 205 actas que muestran el abandono y las grandes dificultades con las que las residencias tuvieron que hacer frente a la pandemia, en su primer envite. Algunos documentos ya habían sido publicados y demuestran la existencia del llamado protocolo de la vergüenza, en referencia a la orden de la Comunidad de Madrid para que no se trasladara a los residentes contagiados y con dependencia o deterioro cognitivo a los hospitales. De hecho, de las 9.484 personas fallecidas en las residencias madrileñas en la primera ola de covid, 7.291 murieron entre marzo y abril de 2020 sin haber recibido atención hospitalaria.
Más de 7.000 personas murieron entre marzo y abril de 2020 sin haber recibido atención
Los magistrados descartan que las pruebas demuestren que hubiera «desatención»
Funerarias desbordadas
Y ahora la publicación íntegra de las actas policiales pone de manifiesto que los gerentes y trabajadores de las residencias tuvieron que enfrentarse al virus solos, con grandes dificultades para que las funerarias recogieran los cadáveres acumulados y sin espacios o material de protección que impidiera que el covid se extendiera e hiciera estragos.
Así, el 5 de abril de 2020 la policía local acudió a la residencia Ballesol, donde su directora señaló a los agentes que necesitaba, de forma urgente, que se llevaran a tres mayores fallecidos, uno de ellos 48 horas antes y los otros dos el día anterior. Las funerarias estaban desbordadas. Al día siguiente, en la residencia Amavir, la policía se encontró con una escena similar: tres fallecidos que había que retirar. Y otras actas van en la misma dirección. Además, los documentos dan cuenta de las dificultades que tuvieron los geriátricos para aislar a los contagiados del resto. El 30 de mazo, en la residencia Geriatel, los agentes anotaron que las zonas comunes se estaban utilizando para residentes con trastornos cognitivos y una persona sorda, muda y ciega que no estaban infectados.
El caso de Parla
Por su parte, la Audiencia Provincial de Madrid dio ayer carpetazo a una investigación sobre el fallecimiento de mayores en una residencia de Parla durante la primera ola de la pandemia, informan Elena Marín y Cristina Gallardo. El auto, al que ha tenido acceso este diario, desestima un recurso de apelación presentado por Marea de Residencias contra el archivo de esta investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 1 de Parla tras la denuncia presentada por familiares de los fallecidos.
Marea de Residencias entendía que el juzgado no había realizado todas las diligencias necesarias sobre los protocolos de derivación de mayores a los hospitales utilizados en aquellos primeros meses de la pandemia por el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. La Audiencia Provincial, en cambio, considera que la fase de instrucción «ha sido exhaustiva con informes médicos, la testifical de los facultativos que atendieron a los fallecidos» y justifica la desestimación del recurso en que «no se ha acreditado ni se va a poder acreditar» con las pruebas solicitadas que «haya existido desatención».
■