Decepción en las familias por el informe del covid en residencias
Lamentan que no se señalen responsables políticos de la muerte de 10.000 ancianos en geriátricos catalanes durante la pandemia.
«No ha servido para nada. Ha sido una operación de maquillaje», valoró María José Carcelén, portavoz de la Coordinadora 5+1, una asociación de familiares de residentes en geriátricos, de las conclusiones del grupo de trabajo parlamentario sobre el impacto del covid en las residencias que ayer se aprobó en la Cámara catalana con los votos de ERC, Junts y PSC. También se sumaron al rechazo Amnistía Internacional y la Asociación de Directores y Gerentes de centros de Dependencia (Ascad), además de trabajadores de geriátricos a título personal que asistieron a la sesión.
Poco antes de las 10 de la mañana, unas cincuenta personas se concentraron frente al Parlament para expresar su rechazo al informe final sobre el drama que vivieron las residencias de ancianos durante la pandemia. Tal como avanzó EL PERIÓDICO, el texto constata varios errores de coordinación y de atención sanitaria, pero no señala culpables ni tampoco recoge situaciones de vulneración de derechos que se podrían haber producido.
«Hay responsables políticos que participaron de una negación sanitaria a los ancianos. No se ha hecho justicia y tampoco se plantean soluciones concretas», se quejó Carcelén mientras otros familiares denunciaban que las conclusiones eran «vergonzosas». «Han hecho una labor de maquillaje para justificar lo que pasó. Que se hizo lo que se pudo... y no es verdad», lamentó Carcelén. Otra asociación de familiares, Els Estels Silenciats, también criticó el acuerdo parlamentario. «Se trata de un vergonzoso mercadeo político basado en falsedades», lamentó en un comunicado.
Falta de voluntad
«Ha sido un show. No hay una verdadera intención de cambiar el modelo», apuntó Roser Huete, trabajadora jubilada de una residencia de Palafrugell con más de 150 plazas, que también asistió a la comisión. «Claro que se vulneraron los derechos, de los ancianos y de los trabajadores. No había material de protección. Es que no nos lo dejaban usar», insistió Huete. «Me parece pobre, sin autocrítica y exculpatorio. Es un poco decepcionante y superficial», opinó Andrés Rueda, presidente de la Ascad.
«Este informe final nos ha fallado a todos... No aborda la rendición de cuentas cuando estamos hablando de que, en total, hubo 10.000 muertes en las residencias catalanas», incidió Júlia Pérez, investigadora de Amnistía Internacional en Catalunya. «Se han cerrado todas las puertas para la verdad, la justicia y la reparación. Y esto ha pasado por una falta flagrante de voluntad política», añadió.
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