Planas anuncia 18 medidas pero no logra frenar las movilizaciones del campo
▶ El Gobierno creará una agencia para controlar más la venta a pérdidas y hará voluntario el cuaderno digital de explotación Las organizaciones valoran el «paso adelante» aunque mantienen las protestas
El ministro de Agricultura, Luis Planas, anunció ayer un plan de 18 medidas para dar respuesta a las movilizaciones de agricultores y ganaderos, tras reunirse por la tarde con las organizaciones agrarias COAG, Asaja y UPA. La propuesta responde a las principales quejas del sector: refuerzo de la ley de cadena alimentaria, simplificación administrativa, defensa en los foros internacionales de las cláusulas espejo o el compromiso del Gobierno al apoyo público a los seguros agrarios.
Las organizaciones agrarias valoraron el anuncio como «un paso hacia delante», a falta de concretar las actuaciones a nivel técnico en distintos grupos de trabajo a partir de la semana que viene, pero mantienen las movilizaciones previstas hasta el 26 de febrero. «Cosas que antes parecían imposible, ahora parece que son viables, de lo cual nos felicitamos, pero faltan muchas cosas», resumió el secretario general de COAG, Miguel Padilla.
Entre las principales medidas anunciadas destaca la creación de una Agencia Estatal de Información y Control Alimentario, que en la práctica supone dar un «rango mayor» y, por tanto, también incrementar los recursos y la capacidad de control e inspección de la actual Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) con un mayor control a la venta a pérdidas de la que se queja el sector.
En marzo se prevé celebrar un consejo asesor con las organizaciones agrarias y las comunidades autónomas para «identificar los sectores donde se debe llevar a cabo con carácter preferente de las inspecciones de oficio». Las inspecciones de la actual AICA se realizan a partir de denuncias individuales o colectivas, a través de las organizaciones agrarias o mediante actuaciones de oficio.
Desde 2014 hasta 2022, AICA ha gestionado 6.717 inspecciones de oficio, mientras que hubo apenas 405 denuncias, según este organismo. En 2022, el último del que hay registros públicos y cuando ya estaba en vigor la reforma de la Ley de la
Cadena Alimentaria, hubo 929 inspecciones de oficio y 78 denuncias desde organizaciones agrarias. Además, la agencia empezará a publicar el monto total acumulado de las sanciones graves y muy graves.
Por otra parte, Planas también anunció el carácter voluntario del cuaderno digital de explotación, que comenzaba a ser obligatorio a partir de septiembre. No obstante, se «incentivará» su puesta en marcha «dada la importancia de esta herramienta para el futuro». El ministro lo llegó a comparar con un smartphone para un usuario.
Coordinación con las autonomías
Las reclamaciones del campo dependen también de la actuación de las comunidades autónomas y de las instituciones europeas. Sobre las primeras, Planas anunció un refuerzo de la «coordinación». Se reunirá con ellas el próximo lunes en el marco del Consejo Consultivo de Agricultura, que se celebra habitualmente antes de los consejos europeos del ramo, así como una iniciativa para impulsar la contratación de jóvenes al campo. En la primera quincena de abril, prevé convocar el foro de la ganadería extensiva.
El próximo Consejo europeo de Agricultura se celebra el 26 de febrero y a él Planas quiere llegar con un maletín lleno de propuestas para favorecer al sector. Entre ellas, la «flexibilización» de algunas de las condiciones necesarias para cobrar la PAC (Política Agraria Común), así como simplificar de la carga administrativa a la que están sujetos agricultores y ganaderos.
Planteará, por ejemplo, la eliminación de fotografías georreferenciadas en las declaraciones a facturar o el establecimiento de un régimen simplificado para los pequeños agricultores, como existía en la PAC anterior, hasta un total de 5.000 euros. También, ampliar el catálogo actual de ecoesquemas para tener en cuenta zonas especialmente áridas. Además, de cara a la próxima legislatura europea, tratará de impulsar la «actualización» de la directiva europea relativa a prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.
El ministro también se comprometió ayer a defender en «todos los foros internacionales» el principio de reciprocidad de productos fitosanitarios –lo que se conoce como cláusulas espejo– para evitar que lo que está prohibido en la UE lo pueda utilizar en este espacio un tercer estado.
Además, instará a la UE a reforzar la unión aduanera y reorganizará la inspección en frontera en España para «mejorar los controles», en relación a las quejas por la entrada de productos de otros países como Marruecos. Y «cuando sea necesario» para plaguicidas que no estén autorizados en la UE. El ministro se ha comprometido a mantener un apoyo de 284,5 millones en 2024 de los seguros agrarios con la adaptación de las líneas de ayudas en función de las «circunstancias climáticas». Y a mantener los incentivos al gasóleo profesional que ya estaban en vigor, así como la vigencia durante todo este año de las deducciones del 35% de la factura del gasóleo y de un 15% de los plásticos y fertilizantes en el IRPF.
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