Otro gobierno sin política (real) de vivienda

España no tiene política de vivienda desde la llegada de la democracia. Como en el caso de las relaciones laborales, el punto de partida era el paternalismo franquista. El decreto Boyer liberalizó el precio de los alquileres para adaptarnos a la UE a cambio de hiperproteger a los inquilinos morosos. Y las comunidades autónomas fueron recibiendo las competencias urbanísticas y de promoción de viviendas sociales mientras los ayuntamientos seguían controlando, y financiándose, con el dominio del suelo. Los años de Aznar sirvieron solo para cambiar los principios básicos del derecho urbanístico: todo suelo es urbanizable si no se protege y el promotor de la recalificación de un terreno puede no ser el constructor. Ello, sumado a los bajos tipos de interés, generó la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008 y a la que Zapatero respondió creando un ministerio sin competencias. Rajoy no hizo casi nada más que comprar a los bancos los pisos que no querían y así mantener en parte los precios a costa del Estado. Seguimos a la cola de Europa. Sánchez no ha hecho más que dar tumbos. Por el camino han quedado medidas que no han servido para nada, como la reserva del 30% del suelo de las promociones privadas para viviendas sociales que en Barcelona solo ha servido para paralizar el mercado o los límites al alquiler que bordean en su aplicación el derecho a la propiedad y la libertad de mercado. Ahora, fiel a un pomposo anuncio en la campaña electoral del 23J y en plena campaña electoral gallega, se anuncia una línea de avales del ICO para la compra de viviendas para jóvenes y familias vulnerables. Se aprueban 2.500 millones de euros y se exhibe que alcanzarán a 50.000 beneficiarios. Tocan a 50.000 euros de aval por barba. Según hemos calculado, no se puede aspirar a un piso de más de 160.000 euros. De la misma manera que Zapatero no sabía lo que valía un café, Sánchez no sabe lo que vale un piso allí donde se necesitan. Seguimos sin política de vivienda, otra vez.

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