Las patronales agrarias, ante el TSJC por negarse a asumir el salario mínimo
▶ El convenio colectivo agropecuario de Catalunya tiene todas sus categorías profesionales con sueldos por debajo de este umbral
El próximo 20 de marzo está previsto que los magistrados del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) juzguen si las patronales agrarias catalanas incurren en una ilegalidad al oponerse a integrar las últimas revalorizaciones del salario mínimo interprofesional (SMI) en el convenio colectivo agropecuario. UGT ha presentado una denuncia contra Unió de Pagesos de Catalunya, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) y el Institut Agrícola Català de Sant Isidre, ya que estos se niegan a actualizar las tablas salariales del convenio colectivo del sector para revisar al alza las remuneraciones de las diferentes categorías profesionales y que no haya ninguna por debajo del SMI.
El campo catalán vive desde hace años un conflicto laboral latente, cuyas raíces no están protagonizando estos días las tractoradas y diferentes protestas que han llegado hasta el corazón de Barcelona. Los pequeños y grandes agricultores, propietarios de la tierra y las explotaciones, cargan contra la Administración por el exceso de burocracia, las regulaciones medioambientales que consideran anticompetitivas y demás reivindicaciones.
No obstante, en dichas protestas hay varias figuras que han quedado fuera de los focos y una de ellas es la de los asalariados de las explotaciones agrarias. Los temporeros que cada primavera o verano recogen las manzanas, peras, albaricoques, melocotones o aceitunas, entre otros, llevan desde 2020 con el convenio colectivo congelado. Un convenio que ya en su día incluía unas tablas salariales de las más bajas de todo el mercado y que hoy tiene todas y cada una de sus categorías profesionales con sueldos por debajo del salario mínimo interprofesional. Según datos del Ministerio de Trabajo, unas 46.500 personas se rigen por dicho convenio, de ámbito catalán.
¿Qué implica que las tablas salariales estén por debajo del SMI? Legalmente no debiere ser un problema, ya que todas las empresas tienen la obligación de pagar, como mínimo, un sueldo igual o mayor al fijado a la referencia estatal. Tras la última revalorización, dicho indicador está en 1.134 euros brutos al mes (en 14 pagas), o lo que es lo mismo, 8,87 euros la hora o 37,8 euros al día. Excepto en el caso de los trabajadoras eventuales, como es el caso de los temporeros, siempre que estén empleados por una misma empresa durante un tiempo igual o superior a 120 días. Para ellos la cuantía del salario no podrá ser inferior, en ningún caso, a 53,71 euros por jornada.
La falta de actualización del convenio obliga a las compañías a pagar el salario desfasado, más un complemento para llegar al mínimo estipulado por ley. «Nadie en el campo catalán cobra por debajo del SMI», defiende Josep Cusco, negociador del convenio por parte de Unió de Pagesos.
No obstante, desde los sindicatos denuncian que esa falta de actualización facilita los fraudes de aquellas empresas con voluntad de abusar de sus empleados y pagarles menos. Ya que les engañan abonándoles un sueldo por debajo del mínimo y argumentándolo mediante las tablas publicadas en el convenio. Estas están desfasadas desde 2020 y no recogen los mínimos aprobados por el Gobierno para 2021, 2022, 2023 y el vigente 2024. Y ahora UGT pretende que los magistrados del TSJC obliguen a las patronales a revisar el convenio y que, como mínimo, actualicen las tablas salariales a los importes equivalente del SMI.
Injerencia en la negociación
El argumento que dan las patronales agrarias para oponerse a dicha revisión es que consideran que supone una injerencia en la autonomía entre las partes de la negociación colectiva. «Nosotros queremos negociar todo el convenio, actualizar las tablas salariales pero también discutir el tiempo de jornada», defiende Cusco. Desde UGT consideran que eso vulnera la ley y que la actualización de las tablas conforme el SMI debiere ser automática, para luego, sobre ello, empezar a negociar las demás cuestiones relativas al convenio. El 20 de marzo decidirán los magistrados del TSJC quien tiene razón.
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