Maduro entra en campaña sin esperar a la oposición
▶ El mandatario venezolano se salta los protocolos para celebrar unas elecciones que aún no tienen fecha ni rivales políticos claros
La Asamblea Nacional (AN) y varias organizaciones políticas y sociales que orbitan alrededor del Gobierno venezolano decidieron formar una comisión que discutirá las actividades relacionadas con las elecciones presidenciales de este año. Nicolás Maduro se adelantó a las formalidades. Aunque todavía se desconoce la fecha de la contienda y sus participantes, el presidente ha comenzado en los hechos su campaña.
Maduro anunció a su vez la construcción de cinco millones de viviendas, la creación de misiones de ayuda social que atiendan el problema de la desigualdad e impulsen el desarrollo de la juventud y una serie de medidas que permitan la recuperación económica. Además, garantizó que, esta vez, la lucha contra la burocracia estatal será exitosa. El augurio de bonanza se complementó nuevamente con el ejercicio de la mano dura y ya no tendida hacia el oponente. La peculiaridad de este lanzamiento, señalan sus adversarios, está relacionada con una nueva ola represiva que se despliega en diversos frentes, inclusive la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), cuyos integrantes acaban de ser expulsados. «En todos los frentes de batallas los derrotaremos a sus sanciones, a sus amenazas, a su maldad y a su perversidad, por dónde vengan. Tengan la seguridad absoluta, imperialistas, no tienen vida con Venezuela», dijo Maduro.
Desde que comenzó el año, 32 personas han sido detenidas, entre ellos militares, civiles e incluso una activista de los derechos humanos. El fiscal general Tarek William Saab los relaciona con cuatro conjuras contra Maduro, desbaratadas por los servicios de inteligencia y las Fuerzas Armadas.
«Ataques exacerbados»
La expulsión de los representantes de la oficina Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por «ataques exacerbados» completó una semana de tensiones políticas. «Buscan crear una especie de tutela a nuestros poderes públicos (…) Esto en ningún Estado es tolerable», dijo al respecto el ministerio de Exteriores. Años atrás, la Oacnudh se había instalado tras una visita a Caracas de su entonces comisionada, la chilena Michele Bachelet, con el propósito de revisar denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes de seguridad durante la crisis de 2017. Las relaciones se rompieron horas después de que fuera arrestada la abogada Rocío San Miguel. La Oacnudh expresó su preocupación y reclamó que se respeten «las garantías del debido proceso». Exteriores le reprochó que solo se interesara en proteger «a personas que han intentado subvertir el orden constitucional y crear violencia en Venezuela». A su vez, Saab calificó de «mitómanas» a las oenegés por asegurar que San Miguel había sido secuestrada como en las dictaduras sudamericanas hace casi medio siglo. «Tergiversan la desaparición, hubo una orden de captura basada en una investigación penal».
La Plataforma Unitaria, que agrupa a parte de la oposición que negoció en Barbados con el Gobierno una agenda para realizar unas elecciones presidenciales transparentes, rechazó la medida adoptada por el Palacio de Miraflores. La expulsión de la Oacnudh «ratifica el carácter totalitario del régimen». Los acuerdos alcanzados en octubre han entrado en una zona pantanosa y sin horizonte desde el momento en que el Tribunal Supremo ratificó que María Corina Machado, la candidata opositora, no puede participar de las elecciones porque pesa sobre ella una inhabilitación de 15 años.
«Los subversivos»
La figura del «subversivo» se ha instalado con fuerza. Los opositores son calificados así si arrojan sospechas sobre las revelaciones estatales ante los supuestos intentos de asesinato de Maduro.
El acuerdo de Barbados abrió la esperanza de unas elecciones sin las anomalías de 2018. Desde la inhabilitación de Machado y Capriles, esa hoja de ruta se convirtió en un mero balbuceo. Citado por la revista Tal Cual, el sociólogo Damián Alifa sostiene que el madurismo prefiere «ser sancionado que estar fuera del poder».
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