El PP lleva al Senado que los desahucios se ejecuten sin aviso

▶ Consideran que esa anticipación permite a los inquilinos «organizar dispositivos de resistencia, pacífica o violenta»

El PP no quiere que las personas que van a ser desahuciadas sepan ni qué día ni a qué hora ocurrirá el desalojo. Los conservadores defenderán mañana una moción en la comisión de Vivienda del Senado en la que exigen que se elimine la obligación de informar a las personas que van a ser desahuciadas porque consideran que esa anticipación les permite «organizar dispositivos de resistencia, pacífica o violenta, que dificultan la acción de la justicia, provocando desórdenes públicos». En su iniciativa no hacen distinción alguna entre los escenarios que se pueden dar.

«Es inexplicable e inadmisible que se fomente la insurrección civil, contraria al ordenamiento jurídico de un Estado de Derecho, desde la propia ley, posicionando al Gobierno que la promueve del

lado de los que incumplen las reglas básicas de la democracia», reza la moción de los conservadores al criticar que en todos los casos de desahucios y en todas las resoluciones judiciales deba indicarle «el día y la hora exacta» en los que se producirá el lanzamiento.

Evitar protestas

Los populares pretenden evitar cualquier forma de protesta ante el desahucio de familias o personas en situación vulnerable, que son los casos que más mueven a la sociedad civil. Según los datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre julio y septiembre de 2023 el 76,3% de los desahucios se debieron al impago de alquileres, otro 17,6% a ejecuciones hipotecarias y un 6% a otras causas.

En la misma comisión, el PP reclamará la derogación de todos los mecanismos que se establecieron en la ley de Vivienda para regular el precio de los alquileres. Según señalan, «los precios de los alquileres no solo no se han reducido, sino que se han incrementado considerablemente» y que, por lo tanto, «dicha ley es una medida ineficaz, que produce exactamente los efectos contrarios a los que dice pretender». No obstante, los conservadores evitan señalar que las principales medidas que se incluyeron en la norma, como la limitación de precios en las zonas tensionadas, no se han aplicado porque sus gobiernos autonómicos, que son quienes tienen la potestad, no han querido. En esta línea, también plantean eliminar «los mecanismos de intervención estatal».

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