El Gobierno priorizará jubilarse antes en las profesiones con más bajas
▶ La Seguridad Social aborda con los agentes sociales los criterios del retiro anticipado ▶ Los sindicatos avisan de que puede discriminar a las mujeres
El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social plantea priorizar la jubilación anticipada a aquellas profesiones con más bajas médicas y que por ello acarreen un mayor gasto para el erario público. El departamento liderado por Elma Saiz está abordando con patronal y sindicatos la creación de una serie de indicadores para decidir cuándo los profesionales de un oficio podrán retirarse antes sin que ello les repercuta negativamente en la cuantía de su pensión. Y el importe total de las prestaciones abonadas por el Estado en caso de incapacidad temporal es uno de los tres criterios de momento establecidos, según figura en el borrador discutido ayer lunes entre el Ejecutivo y los agentes sociales.
Primer borrador
Las negociaciones en el seno del diálogo social se encuentran en una fase preliminar y el contenido de ese primer borrador estará sujeto a cambios, pero ya ha generado las primeras fricciones entre el Ejecutivo y los agentes sociales. Y es que las centrales, según distintas fuentes consultadas, no están de acuerdo con parte de esos indicadores. Y alertan de que los mismos pueden acarrear un sesgo de género, debido a la actual infradetección de bajas entre colectivos actualmente ocupados mayoritariamente por mujeres.
Tres son las variables que ha puesto encima de la mesa la Seguridad Social para tratar de objetivar cuándo es lícito que un empleado se retire antes de la edad legal de jubilación (66 años y seis meses). Primero, el importe total de que abona el Estado en prestaciones por incapacidad temporal, en proporción al dinero cotizado por los trabajadores empleados en dicho sector. Segundo, el número total de bajas por incapacidad temporal, sobre el total de empleados expuestos. Y, tercero, proporción de siniestros mortales en el ramo. La edad más avanzada a la que Seguridad Social plantea poder retirarse serían los 52 años, nunca antes. En base a dichos indicadores, cualquier patronal o sindicato podrá pedirle al Gobierno que identifique una profesión como especialmente peligrosa y le permita así jubilarse anticipadamente. Entrar dentro de esa categoría también implicará que empresas y trabajadores de dicho ramo deberán abonar una sobrecotización, para compensar ese retiro adelantado. Una vez se curse dicha petición, el Ejecutivo se compromete a dar respuesta en un plazo máximo de seis meses.
La negociación de nuevos cambios en materia de pensiones avanza, y las partes se han vuelto a citar en 15 días.
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