El Gobierno inicia los trámites para crear el nuevo regulador de la energía
▶ El Consejo de Ministros recupera la CNE y le da más competencias para segregarla de la CNMC ▶ El cambio fue acordado entre el PSOE y Sumar
El Consejo de Ministros dio luz verde al proceso de audiencia pública del anteproyecto de ley de restablecimiento de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), con el que se inicia el trámite legal para segregar el regulador de energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). «Recuperamos la CNE con una actualización de sus funciones, el reforzamiento de sus medios y una nueva capacidad a través de un fondo específico que se dedique a la liquidación de las actividades reguladas de los sistemas eléctrico y gasista», anunció la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior.
La Comisión Nacional de Energía existió hasta 2013, momento en el que el PP decidió unir la CNE y otros reguladores especializados –la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), el Comité de Regulación Ferroviaria o la Comisión Nacional del Sector Postal– y la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) para crear un superregulador con el argumento de ganar eficiencia y poder tratar de tú a tú con las compañías que debe supervisar. Desde entonces y a pesar de haber cumplido el año pasado solo una década, la CNMC ha sido objeto de debate de distintos gobiernos sobre su segregación. La última vez, en 2017, cuando formó parte de un pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular, que entonces dirigía Mariano Rajoy, pero que finalmente no llegó a término.
Será un organismo independiente adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica
Escisión de la pata energética
Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez apuesta por la escisión de la pata energética, tras acordarlo así en el pacto de investidura con Sumar, y lo justifica con que esta materia requiere una regulación y una supervisión mucho más especializada que la que puede dedicar la CNMC. El nuevo regulador será un organismo independiente adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica –la CNMC está asociada al Ministerio de Economía– que tendrá como objetivo seguir el funcionamiento de los mercados energéticos «para garantizar precios competitivos a los consumidores y señales claras para la inversión»; funciones consultivas «de asesoramiento y resolución de conflictos», así como funciones de inspección, como por ejemplo «velar por la resolución de las quejas de los consumidores», como hasta ahora.
También tendrá nuevas competencias. Entre ellas, la inclusión de la descarbonización de la economía en la toma de decisiones regulatorias. Por ejemplo, a la hora de establecer la retribución a las redes eléctricas la nueva CNE podrá incluir incentivos a las distribuidoras que tramiten rápidos los expedientes a nuevos puntos de recarga o sistemas de autoconsumo y penalizar a los que mantengan plazos dilatados. Y dada la irrupción de nuevas tecnologías, también adquiere competencias en nuevos vectores energéticos como los gases renovables o el hidrógeno, que hasta ahora estaban en un limbo. Al no haber todavía una regulación ad-hoc, la CNMC no tenía competencias sobre estos vectores, más allá de poder dar su opinión como regulador en materia gasista.
Siete miembros
La CNE ejercerá sus funciones a través de dos figuras principales, el consejo y el presidente, y contará con siete miembros, el presidente, el vicepresidente y cinco consejeros –igual que la CNMC actual– con un mandato de seis años sin posibilidad de reelección y que deberán acreditar cinco años de experiencia en este ámbito. La elección de esos representantes deberá pasar por la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, que tendrá capacidad de veto.
El nuevo organismo tendrá contará con direcciones: la de electricidad, la de hidrocarburos y nuevos combustibles y la de inspección, de nuevo cuño, para reforzar su labor supervisora. El Gobierno aprobará mediante real decreto el estatuto orgánico de la CNE, que definirá las funciones y estructura interna de la Secretaría del Consejo, las direcciones y demás áreas de responsabilidad.
El anteproyecto se publicará en audiencia pública en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica, para recoger todos los comentarios pertinentes e iniciar «cuanto antes» la tramitación parlamentaria por la vía de urgencia. El objetivo es tener aprobada y «publicada en el BOE » la nueva ley «antes de final de año». A partir de ese momento, la nueva entidad debe constituirse y estar plenamente operativa en un plazo de cuatro meses.
No es descartable que en su tramitación parlamentaria los partidos políticos propongan una división mayor del denominado superregulador y la vuelta a nuevos reguladores sectoriales. En la primera Comisión de Transformación Digital en la que participó, el ministro José Luis Escrivá dejó «abierta» la puerta a estudiar la propuesta de la diputada de Junts, Pilar Calvo, que dejó caer la posibilidad de incluir el ámbito de las telecomunicaciones y el sector audiovisual en la escisión ante el «desbordamiento» de la CNMC.
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