El juez atribuye «sesgo político» a Suiza por cuestionar el caso Tsunami
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El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón no ha dejado pasar ni un día para responder a las autoridades suizas. Les reprocha «sesgo político» por las dudas que le plantearon para decidir si dan trámite o no a la comisión rogatoria que les dirigió en noviembre y les advierte de que los tratados internacionales suscritos por ambos países prohíben rechazar una solicitud de asistencia judicial por motivos políticos cuando se trata de delitos de terrorismo, como, a su juicio, ocurre en la causa que instruye por las protestas de Tsunami Democràtic.
En una providencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el juez, además, ha solicitado al fiscal jefe de Penal del Supremo Fidel Cadena que le sea remitida una copia del informe que ha preparado con los argumentos de los fiscales partidarios de apreciar terrorismo, en el que ven a Puigdemont «líder absoluto» del grupo «terrorista» Tsunami Democràtic, para remitírsela a las autoridades suizas, pesa a que ellos no están personados en el procedimiento y que el fiscal que sí lo está, Miguel Ángel Carballo, es contrario a sus tesis.
El propio juez reconoce que el informe dado a conocer ayer tampoco será el definitivo del ministerio público en el Tribunal Supremo. Se trata de un documento interno remitido a la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, para que haga su propio dictamen que se espera contrario a ver terrorismo en los actos de Tsunami Democràtic.
Petición de reunión
En el auto con el que responde a las autoridades suizas, el juez afirma que desde que cursó la comisión rogatoria pidió una reunión urgente de coordinación en el marco de Eurojust para aclarar las cuestiones relativas al auxilio judicial, pero no obtuvo respuesta. Las autoridades helvéticas contestaron a la propia petición de colaboración judicial el 22 de diciembre, pero la fecha que consta de entrada en el Ministerio de Justicia español es el 29 de ese mes. No se recibió en el Juzgado Central de Instrucción número 6 hasta el pasado martes, después de publicarse en dos medios, por el que el juez ha abierto una investigación sobre el origen de la filtración.
El juez considera especialmente «llamativa» la explicación que le pide Suiza sobre las posibles consecuencias de una ley de amnistía en relación con los miembros de Tsunami Democràtic y, en concreto, sobre la secretaria general de ERC, Marta Rovira, imputada en la causa. El juez recuerda que en España y en las democracias de la Unión Europea su función «es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado», y el poder judicial es independiente del legislativo y el ejecutivo, por lo que «no es función de los jueces ni elaborar leyes ni participar en su redacción, como tampoco lo es del legislador o del ejecutivo inmiscuirse en la función de juzgar, calificar o sentenciar». Por eso, muestra su extrañeza por que las autoridades de la Confederación Helvética le insten a dar «explicaciones» sobre una ley que «se está preparando».
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