La distribución alimentaria soporta tres cambios legales de media al día

Es una de las cuestiones que han puesto en el centro de sus reivindicaciones los trabajadores del campo estos días. Y, ahora, el último eslabón de la cadena agroalimentaria les da la razón: también los supermercados lidian con una carga administrativa que, en algunos casos, llega a «poner en riesgo el modelo de negocio» del comercio español. Según los datos que publicó ayer Asedas –Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados–, voz de enseñas como Aldi, Condis, Consum, Dia, Lidl o Mercadona, en 2023 se aprobaron o modificaron 1.140 normas que afectan al comercio, lo que equivale a algo más de 3 al día.

Este volumen queda lejísimos de los picos alcanzados en 2020 y 2021 (más de 3.000 y 2.500 respectivamente), aunque, en ambos casos, las cifras están muy dopadas por las regulaciones vinculadas a la pandemia de covid. En cambio, sin contar con estos dos ejercicios, la curva del número de leyes que se han ido modificando o aprobando desde 2019 es ascendente: menos de 500 aquel año, en torno a 1.000 en 2022 y más de 1.100 el año pasado, un 14% más.

Costes operativos

De acuerdo con el análisis que lleva a cabo esta patronal de los supermercados, casi la mitad son textos legales relacionados con el medioambiente (486). El resto se divide, esencialmente, entre cuestiones administrativas vinculadas a la seguridad alimentaria (254) y con la empresa como tal (221).

«El comercio –y la distribución alimentaria en concreto– está comprometido con los procesos de economía circular, de descarbonización y de reporte de información para hacer más eficiente la cadena», manifiesta la directora de Sostenibilidad de Asedas, María Martínez-Herrera, en un comunicado. «Sin embargo, la legislación que nos llega desde todas las administraciones supone enormes costes operativos, económicos y de pérdida de eficiencia».

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