La trama vendió tapabocas a Interior a 3,27 euros la unidad
▶ La fiscalía investiga no tanto el coste como qué se hizo con el beneficio y qué cantidad se embolsó Koldo García de comisión
Los pertrechos de mascarillas en la Guardia Civil y la Policía amenazaban con agotarse en unos días. Cada agente debía estirar la duración de su mascarilla más allá de lo aconsejable. Los sindicatos denunciaban a la Inspección de Trabajo el peligro de contagio que corrían los policías. En las cárceles, aún más tensión: sin mascarillas en recintos cerrados y densamente habitados, donde la propagación del virus podía ser fulminante, los funcionarios de seguridad penitenciaria advertían del nerviosismo de los presos y preveían motines. Si había un ministerio especialmente afectado en el marzo del covid, ese era Interior. En ese contexto, el ministro Ábalos dijo: «Koldo tiene un contacto…».
Suministros a Interior
Policías y guardias eran de los pocos servidores públicos que salían a la calle, precisamente para evitar que el personal no esencial lo hiciera. Y Koldo tenía un contacto, uno con el que ya había negociado antes, en dos compras millonarias para el ministerio de Transportes. Koldo tenía un contacto y, supuestamente, un socio con el que repartirse la ganancia de vender mascarillas... a 3 euros y 27 céntimos cada una.
La investigación de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción por presunto cobro de comisiones en la venta de mascarillas a organismos del Estado alcanza la operación en que Koldo García Izaguirre, asesor de José Luis Ábalos, medió con la firma zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas para suministrar a Interior. Y es por esa extensión de la trama por lo que este miércoles se personaron agentes de la Guardia
Civil en la sede madrileña del ministerio a preguntar como testigos a los dos cargos de Interior que intervinieron en la compra: el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y el director de
Coordinación y Estudios, el comisario José Antonio Rodríguez.
Un contrato, de solo dos páginas, está en el centro de esta parte de la investigación. Lo firmaron el 26 de abril de 2020 el secretario de Estado y el empresario José Ángel Escorial Senante, uno de los investigados en la trama. La firma se completó a las once de la noche y de forma telemática, pues no estaban entonces habilitadas las reuniones presenciales, sino el confinamiento y el estado de alarma.
Alto precio
La claúsula segunda del acuerdo es el centro de atención. En aquella situación de carencia en toda España, Escorial imponía un precio muy alto: «Mascarillas FFP2 o equivalentes. Suministro de 1.065.000 unidades, por importe máximo, incluido IVA de 3.479.355 euros (3,27 euros unidad)», dice el literal del acuerdo. Hoy, un paquete de 25 mascarillas de ese tipo, e igualmente importadas de China, se vende en España por 4,75 euros. Con el mercado de material sanitario convertido en una jungla, el texto del acuerdo hacía una salvedad: «El presente contrato, dadas las características del suministro, afectado por numerosas peticiones a nivel mundial y con escasez de suministradores, puede verse afectado de forma directa a los precios de mercado, pudiendo estar sujeto a revisión de precios». ■