CNE e independencia
Agustí Sala
En 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy, del PP, decidió integrar todos los organismos reguladores en uno solo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Fue, en teoría, un movimiento para garantizar la defensa de los intereses de los consumidores y para ganar eficiencia. Curiosamente, apenas cuatro años después, en 2017, el propio Ejecutivo popular proyectó el desmantelamiento de este organismo, empleando los mismos argumentos con los que lo había creado dentro de un pacto con Ciudadanos para garantizar la investidura de Rajoy. No llegó a ponerse en práctica.
En la exposición de motivos de la ley 3/2013, de 4 de junio, con la que nació la CNMC, se argumentaba «una clara tendencia a nivel internacional a fusionar autoridades relacionadas con un único sector o con sectores que presentan una estrecha relación, pasando del modelo unisectorial a un modelo de convergencia orgánica, material o funcional en actividades similares o a un modelo multisectorial para sectores con industrias de red».
Hoy, el Gobierno de Pedro Sánchez, que incluyó en su acuerdo de investidura con Sumar la recuperación de la CNE, recupera la idea de la desagregación. En sus 14 años de andadura, de 1999 a 2013, la CNE contó con tres presidentes: Pedro Meroño (nombrado por el Gobierno de José María Aznar, del PP), María Teresa Costa (nombrada ya por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE) y Alberto Lafuente (en tiempos de Rajoy). Tuvo como predecesora de 1995 a 1998 la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, presidida por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, designado por Felipe González.
Probablemente sea verdad que es mejor un ente especializado, aunque ha de estar bien dotado económica y humanamente para lidiar con las grandes compañías del sector. Pero, vista la historia, la duda es si lo que prima es la independencia del gobierno de turno, sean uno o varios los reguladores. Y el riesgo –que suele suceder– es que acaben siendo un reparto de cargos para correligionarios y una extensión del brazo intervencionista del Ejecutivo.
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