Aragonès paga el Hard Rock para los presupuestos
El president de la Generalitat mueve ficha con el PSC y confía en que la presión atraiga el sí de los Comuns para cerrar un pacto.
Los presupuestos de 2023 corrieron a costa de la B-40 y los de este 2024, del Hard Rock. Pere Aragonès ha movido ficha para cerrar ya el pacto con el PSC y confía en que la presión de esta alianza facilite el sí de los Comuns, aunque su condición es clara: que el president prometa que este año no se aprobará el plan director urbanístico del macroproyecto. Pese a la dependencia mutua, la triangulación presupuestaria Barcelona-Catalunya-España se antoja esta vez más compleja que 12 meses atrás: socialistas y republicanos se necesitan en las tres instituciones, sí, pero Sánchez debe sumar también a Junts (y lograr aprobar la amnistía) y los morados parten con pocos incentivos a pactar porque ya no están a los mandos del consistorio barcelonés.
El «sacrificio» de los Comuns
El casino es el principal quebradero de cabeza para el Govern ante el reto de aprobar las cuentas catalanas porque inquieta y divide internamente a Esquerra, da alas al PSC y enerva a los Comuns, así que en Palau han optado por sortear las espinas del proyecto y lo han situado en el terreno puramente administrativo. Aragonès dio al PSC el gesto que llevaba días reclamando: un compromiso público.
El president admitió en el Parlament que no va a frenar el proyecto que hereda, alegó que no hay una mayoría en la Cámara que respalde ese veto (solo CUP y Comuns exhiben abiertamente su oposición) y apeló a la responsabilidad de los morados en la mejora de la educación para avisarles de que sería incomprensible que Catalunya se quedara sin presupuestos por un complejo turístico que no verá la luz a corto plazo. ¿Los Comuns «sacrificarán» los presupuestos por el Hard Rock? La pregunta de Aragonès quedó en el aire, pero en el Palau abren carpetas y estudian una solución salomónica como la del año pasado. rector urbanístico. Pese a haber prometido al PSC que alumbraría en 2023 como quedó recogido el año pasado, se mantiene a la espera de un informe previo que depende del Departament de Acció Climàtica de su Govern. Fuentes de las negociaciones aseguran que el Executiu ha comunicado al PSC que el plan «no será un problema» y que no pondrán baches al desarrollo del proyecto si es que finalmente sale adelante, por mucho que tampoco les entusiasme, aunque otras fuentes aseguran que a los Comuns se les ha comunicado que deberían aprobarlo poco antes del verano.
Aragonès puede jugar con los tiempos: comprometerse con los socialistas a no vetar el Hard Rock y con los Comuns a no darle impulso, al menos, no antes de que se voten los presupuestos y con un margen de respiro. Así, estudian si puede beneficiarles más o menos activarlo a las puertas de unas elecciones catalanas, teniendo en cuenta que los alcaldes de la zona lo reclaman.
En el fondo, el Govern tampoco se pone prisas con el casino y dilatan posicionarse sobre su idoneidad por la sequía y porque siguen pendientes de un acuerdo con CriteriaCaixa para la compra de los terrenos que después venderán a los promotores del Hard Rock y que se ha ralentizado porque la fundación reclama más dinero del inicial (unos 130 millones) debido a la subida del IPC. Hay otra derivada que se usa como as en la manga, que es que renunciar ahora al complejo lúdico implicaría una multa millonaria para las arcas públicas, según el Executiu.
La presencia de la consellera
El pacto con el PSC está prácticamente cerrado y se dará a conocer en los próximos días, para firmar después el acuerdo con los Comuns en la menor brevedad posible. Falta revisar papeles y una última llamada de Aragonès a Salvador Illa y una más a Jéssica Albiach. El trabajo lleva meses en marcha entre el Govern y sus socios, que comparten una crítica sobre las conversaciones: la ausencia de la consellera de Economia, Natàlia Mas, en los encuentros.
Las conversaciones las dirigen la secretaria general de Presidència, Núria Cuenca, el director general de Coordinació Interdepartamental, Marc Ramentol, y el secretario de Economia, Josep Maria Aguirre.
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