Acuerdo para compartir el gasto de las inspecciones del derrumbe
Territori anuncia la firma de un convenio junto al ayuntamiento y el AMB por el que la Generalitat pagará «más de la mitad» del coste de las revisiones de los pisos afectados en la calle del Canigó.
Conclusiones de mínimos, ayer, tras la primera reunión a tres bandas entre el Ayuntamiento de Badalona, la Generalitat de Catalunya y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) sobre la gestión de las consecuencias del derrumbe mortal del pasado 6 de febrero en el barrio del Raval de Badalona. El encuentro sirvió, sobre todo, para apuntalar la colaboración entre las administraciones.
Así, ayer, 20 días después del derrumbe parcial del número 9 de la calle del Canigó, se reunieron por primera vez el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, el vicepresidente ejecutivo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Antonio Balmón, y la consellera de Territori, Ester Capella, que anunció la novedad más importante: «Firmaremos un convenio en el que la Generalitat aportará más de la mitad de los recursos para hacer un informe en que implicaremos a los colegios profesionales de arquitectos, de arquitectos técnicos y de ingenieros para saber qué le ha pasado a estos inmuebles».
A partir de los informes
El citado informe se redactará a partir de las revisiones de los pisos afectados que, por ahora, está llevando a cabo la empresa Seguí Arquitectura, que fue contratada por el consistorio sin necesidad de concurso, en virtud de un decreto de emergencia firmado por Albiol el 8 de febrero.
«Nos hemos reunido para sumar los esfuerzos de las tres administraciones, con el objetivo de identificar un problema que es evidentemente preocupante, y decidir qué respuesta social debemos dar y cómo abordar las actuaciones necesarias para que esos edificios vuelvan a cumplir su función de vivienda», declaró Antonio Balmón. «Tenemos un parque de vivienda envejecido», admitió la consellera Capella.
Este encuentro a tres bandas tuvo lugar casi una semana después de la primera reunión del gabinete de crisis creado por el Departament de Territori, que sirvió para incluir al Ayuntamiento de Badalona, el AMB y Protecció Civil. Más allá de la presencia en el lugar del delegado del Govern en Barcelona, Joan Borràs, durante los dos primeros días de la tragedia, esta ha sido la primera vez que algún representante de la Generalitat (en este caso, la consellera Capella) se desplaza a la calle del Canigó: «Que nos hayamos reunido hoy no quita que previamente hemos trabajado juntas las tres administraciones –declaró Albiol–. Por parte del Ayuntamiento de Badalona, hemos estado aquí desde el primer día. Llevamos destinados 100.000 euros para atender a las familias».
El punto álgido de las divergencias entre el consistorio y el Govern tuvo lugar el pasado lunes, día en que Albiol reunió a los vecinos afectados en el patio del Institut Badalona VII para explicarles la situación. Entonces, tanto el alcalde como el tercer teniente de alcalde, Daniel Gracia, aseguraron que la Generalitat «no va a poner un euro» para realizar las inspecciones en las 420 viviendas, que podrían tener los mismos problemas que la derrumbada el 6 de febrero.
Si bien es cierto que días después desde el Ayuntamiento se rebajaba el tono de las críticas para insistir en un «confiamos en que la Generalitat estará a la altura de las circunstancias», la disputa política sobre qué administración debería costear los citados exámenes sigue sobre la mesa, ya que ninguno de los tres ha asegurado quién pagará lo que no costee la Generalitat.
De hecho, un día después de pedir a los vecinos que se organizasen con sus administradores de fincas para reunir el dinero necesario para las inspecciones, el consistorio se desdijo y contrató por su cuenta a una empresa para que las llevase a cabo con la mayor inmediatez. El motivo, la evacuación al día siguiente, martes 20 de febrero, de los vecinos del número 11, por la aparición de más grietas. Fuentes del departamento que lidera Capella aseguran que el informe que elaborarán las tres administraciones incluirá las inspecciones que, desde la semana pasada, lleva a cabo la empresa Seguí Arquitectura. ■