Del limbo en la gestión del agua al AMB
Molins de Rei y Ripollet serán los primeros municipios que traspasen su competencia a la Administración metropolitana, de los 13 del área de Barcelona que tienen la concesión en un limbo. Queda ahora por ver cuál es la solución que se adopta para el resto de ciudades.
El limbo competencial en el que lleva atrapada más de tres años la gestión del agua de 13 ciudades del área de Barcelona vislumbra su fin. Molins de Rei y Ripollet serán los primeros municipios metropolitanos que traspasen su competencia sobre el suministro de agua al Área Metropolitana de Barcelona (AMB), administración competente para gestionar este servicio esencial en las 36 ciudades que la integran, según ratificó el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en una sentencia del 20 de octubre del 2020.
El Consell Metropolità del AMB, máximo órgano de gobierno del ente, aprobó ayer la constitución de una comisión mixta de traspasos entre la Administración metropolitana y los ayuntamientos de Molins y Ripollet, ambos con alcaldías socialistas. La medida, que salió adelante con los votos favorables de las grandes formaciones (PSC, Junts, ERC y Comuns) y con las abstenciones de PP y Vox, es un primer paso para resolver la actual «situación de excepcionalidad o transitoriedad», en palabras del propio TSJC. Además de Molins y Ripollet, quedará por ver cuál es la solución que se adopta para Barberà del Vallès, El Prat de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Tiana, Cervelló, La Palma de Cervelló, Corbera de Llobregat, Sant Vicenç del Horts, Badia del Vallès, Castellbisbal y Sant Andreu de la Barca.
Esta singular coyuntura se ha caracterizado hasta la fecha por una doble anomalía. En primer lugar, la de que las concesionarias (Aqualia en Molins y Sorea en Ripollet, por ejemplo) han seguido operando en las ciudades pese a haber caducado los contratos hace años. Por otra parte, la segunda anomalía es que el servicio no se ha integrado en el ámbito de actuación de la administración competente, el AMB, que en las otras 23 ciudades (Barcelona entre ellas) presta el servicio a través de la sociedad mixta ABEMCIA (Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, SA), participada en un 85% por capital privado (70% Aigües de Barcelona, AGBAR, y 15% Criteria Caixabank) y en el 15% restante por la propia AMB. Esta ausencia de integración adolece hasta la fecha de tres años de retraso desde la sentencia del TSJC y otros tantos desde que el AMB se comprometió a analizar la cuestión, con un estudio previsto para 2022 que no llegó.
Más allá del encaje competencial, la gran incógnita sigue siendo a través de qué mecanismo legal decide el AMB prestar el suministro de agua en estas ciudades, teniendo en cuenta que no es posible integrarlas en la actual concesión suscrita entre la administración y ABEMCIA. Fuentes del AMB consultadas por EL PERIÓDICO aseguran que la fórmula concreta no está decidida y se está estudiando.
Cambios de color político
Una alternativa es la posible creación de una nueva sociedad paralela a ABEMCIA que en mayor o menor proporción esté participada por el AMB y que otro tanto capital privado complete la ecuación. Durante estos meses, los responsables de la administración metropolitana están manteniendo reuniones con los ayuntamientos implicados para llegar a acuerdos con los que los consistorios se sientan cómodos.
La plataforma ecologista Aigua és Vida, favorable a la gestión directa y municipalización del servicio del agua en los ayuntamientos, emitió un comunicado en el que afirman que el traspaso de competencias de Ripollet y Mollet «representa un paso más para integrar las ciudades en la empresa mixta» ABEMCIA, una solución que desde el AMB afirman que por el momento no se ha concretado.
La exploración del modelo de gestión de agua de estas 13 ciudades metropolitanas con concesiones caducadas cambió tras las elecciones municipales de mayo del pasado 2023, cuando los cambios de color político propiciaron también cambios de escenario.
Primero, porque la presidencia del AMB pasó de estar en manos de Ada Colau (Comuns) a ser de Jaume Collboni (PSC), con el consiguiente cambio en el área de Ecología: mientras antes la lideraba Eloi Badia (Comuns), del equipo de Colau, desde las municipales se segregó una nueva vicepresidencia de Ciclo del Agua con liderazgo socialista (Belén García, alcaldesa de Sant Joan Despí), mientras que los Comuns se responsabilizan de una vicepresidencia de Acción Climática (Janet Sanz, portavoz del grupo en el Ayuntamiento de Barcelona) que no contempla ya competencias en la gestión del agua.