«Buscamos una vida digna»
EL PERIÓDICO entra en el asentamiento del interior del viejo instituto Badalona 9. «No queremos hacer daño a nadie», dice Ansu.
Dos puertas abiertas permiten entrever a pie de calle el interior del viejo instituto Badalona 9 (B-9) del barrio del Remei. Una se ubica en la calle de la Tardor y otra en la calle de Guifré, paralela a la entrada principal del número 669 de la calle de Alfonso XII, tocando a los bloques del barrio de Sant Roc y a dos minutos caminando de esa misma parada de metro de la línea 2.
Las tres vías conforman el gran perímetro que ocupa en la manzana el degradadísimo inmueble municipal, que albergó hasta junio de 2011 el centro educativo. Desde septiembre de 2023, la enorme finca está ocupada por unos 150 migrantes, eminentemente de origen africano y latino, que malviven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad extremas tras haber sido desalojados años atrás de diversos asentamientos de Badalona como los de las calles de Antoni Bori, Alfons XIII y Progrés. Incluso también de la nave del Gorg, una tragedia que todavía retumba en la ciudad con cinco víctimas mortales en diciembre de 2020. El B-9, que ahora trata de desocupar Albiol por la vía judicial, es hoy el desagüe en el que han desembocado varios dramas sociales que Badalona ha tratado de purgar el último lustro.
Ropa tendida, un carromato con neumáticos en su interior o un precario colchón entre escombros son algunos de los trazos que dibujan el paisaje de podredumbre que impera en el patio exterior. Está ubicado en un área industrial sin apenas vecinos excepto por la parte que toca a Sant Roc. A la entrada de uno de los pasillos del viejo instituto aguarda Ali, un senegalés de unos 40 años y que, al ser preguntado por la posibilidad de fotografiar el espacio, remite a un nombre: «Ansu. Tenéis que hablar con Ansu. Él se encarga de liderar la comunidad y es quien os dirá si podéis hacer fotos». Rafa, chaval de unos 20 años, lo confirma: «Buscad a Ansu».
«Somos seres humanos»
Ansu recibe a EL PERIÓDICO sentado en un banco. Superado el recelo, el portavoz de la comunidad del B-9, también de unos 40 años y con una discapacidad reconocida, accede a conversar con este diario en el interior del asentamiento tras exponérsele la intención de conocer
de primera mano la realidad de quienes allí habitan. Ansu habla muy bajito mientras fuma y otros hombres de su misma edad le rodean reconociéndole legitimidad.
«Nosotros buscamos una vida digna sin querer hacer daño a nadie», subraya Ansu. El líder asegura estar al día de en qué punto se encuentra el proceso judicial de desalojo de las «más de 200 personas», especifica (las 150 son una estimación de la Guardia Urbana de Badalona), que viven allí. De hecho, cuenta que está explorando junto con un abogado la posibilidad de formular alegaciones contra la desocupación. «Solo pedimos al ayuntamiento y a las administraciones que nos traten como lo que somos, seres humanos, y nos den alguna alternativa que nos permita salir adelante».
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