La ley de restauración obligará a las urbes a no perder zonas verdes
La Comisión Europea ya trabaja para dar unas pautas a los estados sobre cómo planificar la recuperación tangible de especies de aves, por ejemplo.
La aprobación definitiva de la ley de restauración de la naturaleza abre un nuevo escenario en España. ¿Cómo deberán reaccionar el Gobierno y las autonomías a este nuevo reglamento europeo? Lo primero que hay que decir es que el texto será de directa aplicación. A diferencia de lo que ocurre con las directivas europeas, no es necesario que se cree una nueva ley adaptada al reglamento. Esto solo sería necesario en caso de querer imponer sanciones.
No obstante, lo que sí será obligatorio es redactar un plan de restauración tangible. Es decir, un documento que detalle cómo se cumplirá con el reglamento. En realidad, en el plan estatal de patrimonio natural y biodiversidad ya se habla de la necesidad de redactar un Plan Estatal de Restauración.
«Esto es lo primero que deberá hacer el Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica», detalla Juan Carlos Atienza, responsable del área de gobernanza ambiental de la entidad SEO/ Birdlife. Este plan, como ocurre con los planes de gestión del agua o de calidad del aire, se enviará a Bruselas, que deberá validarlo.
A día de hoy, según explican fuentes conocedoras del procedimiento, la Comisión Europea ya trabaja con los documentos que los países tendrán que completar para que los planes nacionales tengan cierta coherencia.
¿Qué papel desempeñarán las comunidades autónomas? Todavía no está decidido qué importancia tendrán. Pero las mismas fuentes dan por hecho que, como disponen de las competencias de medio ambiente (no las marítimas), el ministerio les pedirá que hagan planes regionales para cumplir con lo exigido por el reglamento de restauración.
«Si las autonomías no se implican, será imposible restaurar algunos territorios», considera Atienza. Cabe recordar que, a día de hoy, en la mayoría de las comunidades autónomas gobierna el PP, un partido que en Europa se ha opuesto a la nueva normativa. Es posible que las confederaciones hidrográficas también deban hacer parte del trabajo y encargarse de lo relacionado con los ríos.
Lluís Brotons, investigador del CREAF (Centre d’Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals), recuerda que el objetivo es que la biodiversidad se recupere: «Para esto habrá que priorizar zonas e indicadores». ¿Y cuáles serán los indicadores? Pues especies concretas.
«Una de las obligaciones, por ejemplo, será demostrar que la población de mariposas en zonas agrícolas mejora y cambia su tendencia de declive», precisa Brotons. Pero también se podrán escoger especies de aves ligadas a la agricultura o a las zonas forestales que se pretendan recuperar.
Durante los primeros años, el plan se centrará en las zonas protegidas. Pero para restaurar un 20% del territorio, se acabarán incluyendo áreas no protegidas. En el anexo al reglamento, por ejemplo, se plantea convertir zonas industriales abandonadas y canteras en espacios naturales.
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El papel de las autonomías será clave para restaurar algunos territorios