En clave europea
La ONU ha emitido esta semana un informe para alertar sobre el nivel de criminalización de las protestas medioambientales en la UE y la incompatibilidad de esta actitud con los principios democráticos.
Mientras los efectos del cambio climático son cotidianos y se hace patente la falta de previsión y preparación de las autoridades, los gobiernos de la Unión Europea (UE) han adoptado una política de creciente represión y persecución de los activistas ecologistas. Los gobiernos respetan el derecho de los agricultores a manifestarse y cortar carreteras, pero cuando se trata de protestas ecologistas optan por la represión policial y judicial, y llegan a calificarlos de terroristas o como amenaza terrorista desde la UE, Francia, Alemania, Dinamarca y España.
La criminalización de las protestas ecologistas ha alcanzado tal nivel en la UE que, ante el silencio de la Comisión Europea, desde la ONU se ha emitido esta semana un informe para alertar sobre la incompatibilidad de esta represión con las libertades y los principios democráticos. Un anterior informe del Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa que ya denunciaba la persecución y criminalización del activistas ecologistas cayó en saco roto.
«La represión que afrontan en Europa los activistas medioambientales que usan la desobediencia civil pacífica es una grave amenaza a la democracia y los derechos humanos», encabeza el informe elaborado por Michel Forst, ponente especial de la ONU sobre defensores medioambientales. El informe es ecologistas Extinction Rebellion y Futuro Vegetal entre las amenazas terroristas.
El Gobierno francés ilegalizó en 2023 el movimiento Sublevación de la Tierra, pero la decisión fue anulada por el Consejo de Estado en noviembre, por violar el derecho de asociación y porque no podía imputarse a sus miembros ninguna incitación a la violencia, en contra de lo sostenido por el Gobierno. En Alemania y Austria, los miembros de Última Generación son perseguidos como organización criminal. El servicio secreto danés (PET) también considera una amenaza terrorista el denominado «extremismo climático» y en Italia acaba de entrar en vigor una nueva ley sobre «ecovandalismo».
Al uso desproporcionado de la fuerza policial contra los manifestantes ecologistas en la UE, se suman las detenciones arbitrarias, que en España, Francia, Suecia y Polonia han afectado incluso a los periodistas que cubrían la información, detalla el informe de la ONU. La represión incluye también controles abusivos de la identidad de manifestantes, confiscación de bienes, intimidación y brutalidad bajo custodia policial y sanciones y procesos judiciales por «desobedecer a la policía», obstruir el tráfico o «vandalismo organizado».
■