Represión de los ecologistas
fruto del Convenio de Aarhus de 1998 sobre el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Ejercicio de libertad de expresión
El informe de la ONU recuerda que la desobediencia civil pacífica está reconocida como un ejercicio de la libertad de expresión y reunión, garantizada en los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. La gravedad de las consecuencias del cambio climático en marcha refuerza el derecho de los ciudadanos a protestar por lo que consideran una inadecuada respuesta de los gobiernos, subraya el informe.
En los países de la UE ha arraigado una concepción autoritaria de la política, en la que la contestación ciudadana crítica está dejando de ser un derecho democrático para pasar a considerarse una disrupción inaceptable y una amenaza para la seguridad. La proximidad de las elecciones europeas de junio, el hecho de que los agricultores se movilizan con sus tractores y la importancia del sector han frenado hasta ahora la represión policial y judicial que se aplica contra los activistas medioambientales.
El informe del ponente de la
ONU detalla cómo las molestias causadas por las protestas ecologistas en las manifestaciones, los cortes de carreteras, las ocupaciones de obras polémicas y los actos simbólicos ante edificios públicos o de grandes empresas se consideran amenazas de seguridad y actos de violencia, que llegan a equipararse al terrorismo.
El informe anual de la UE sobre Situación y Tendencias del Terrorismo de 2023 incluye al activismo ecologista entre los grupos extremistas y los riesgos potenciales de terrorismo y violencia, lo que acaba avalando a nivel nacional el espionaje de los activistas, los seguimientos e infiltraciones y los registros de domicilios y sedes. En España, en el informe anual de la Fiscalía General del Estado de 2023 correspondiente a las actividades de 2022 se incluye a los grupos