Las granjas estiman en 30.000 euros al año las pérdidas por el cártel de la leche
▶ Los ganaderos están pendientes de que Competencia determine si Mercadona, Lidl y Bonpreu también pactaron precios
Un ganadero con una explotación de 100 vacas pudo llegar a perder entre 25.000 y 35.000 euros al año por culpa del pacto que hicieron diversas industrias lecheras durante al menos 13 años para pagar un mismo precio por la leche cruda que compraban. Ese cártel, denunciado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y confirmado por la Audiencia Nacional la semana pasada, se expone a tener que abonar indemnizaciones millonarias a los afectados, unos 60.000 en toda España. Por eso, las asociaciones agrarias están animando ahora a los productores a que presenten sus demandas y les recuerdan que las compensaciones tienen efecto retroactivo, es decir, se pueden presentar incluso si la granja ha abandonado la actividad. Tendrán que esperar, eso sí, a que el Tribunal Supremo ratifique la resolución de la Audiencia Nacional, algo que puede tardar meses.
«Somos un sector que ejemplifica claramente todo aquello que estos días se está denunciando con las tractoradas en las carreteras de toda España», lamentó Marc Xifra, responsable del sector lechero en el sindicato Unió de Pagesos (UP). El ganadero ilustra con datos sus afirmaciones. En 1992 había en Catalunya 4.300 explotaciones de vacas productoras de leche; en 2001 habían descendido a 1.224, y hoy son apenas 366. «El hecho de que fuéramos víctimas de ese cártel contribuyó sin duda a nuestra desaparición», denuncia Xifra.
Denuncias
Entre las industrias que participaron en ese acuerdo se encuentran, entre otras, Pascual, Danone, Nestlé, Lactalis y Puleva, además de la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia y el Gremi d’Indústries Làcties de Catalunya. «La CNMC concluyó ya en 2015 que estaban poniéndose de acuerdo en los precios que pagaban en origen, pero fueron necesarias hasta nueve sentencias diferentes para llegar a la resolución de este 2024 de la Audiencia Nacional», indica Montse Ribot, abogada del despacho Redi Advocats que ha llevado el caso.
El sindicato agrario catalán promovió también una demanda ante Competencia contra las cadenas de distribución Mercadona, Lidl y Bonpreu por otra práctica que contraviene la ley de la cadena alimentaria (otra de las quejas de los agricultores que protestan en las carreteras). En este caso, la sospecha es también por un supuesto pacto de precios en sus marcas blancas, «durante al menos cuatro años y tres meses, que fue el tiempo en que estuvimos analizándolos», explica Abel Peraire, productor y miembro de la ejecutiva del sector lechero en Unió de Pagesos.
«Son tres cadenas que, en Catalunya, representan el 50% de la cuota de mercado y eso supone que se encuentran en posición de dominio. El problema es que la ley no define qué es la posición de dominio, y los productores volvemos a ser otra vez el eslabón más débil de esa cadena alimentaria», agrega Peraire. Los afectados, que llevan más de año y medio esperando que la CNMC les responda, no descartan «emprender movilizaciones y bloquear algún centro de distribución de leche si hace falta», anuncia Jordi Armengol, responsable del sector ganadero en UP. ■