Un fiscal protegerá de abusos patrimoniales a ancianos y personas discapacitadas
Este funcionario público podrá instar al juez, en caso de detectar irregularidades, el bloqueo de cuentas o la designación de una tutela judicial.
Barcelona contará a partir de ahora con un fiscal delegado para reforzar la lucha contra los abusos patrimoniales de las personas discapacitadas y ancianos por parte de familiares, cuidadores o allegados, según anunció ayer la fiscal jefe de la provincia de Barcelona, Neus Pujal. En el caso de que se detecten traspasos indebidos de dinero o propiedades, será el fiscal Antoni Torres, nombrado para esta tarea, quien se encargará de instar en el juzgado medidas cautelares para proteger a los afectados, como el bloqueo de cuentas o la designación de un defensor judicial que vele por sus derechos. Eso sí, siempre respetando la autonomía de las personas.
La protección de las víctimas de delitos la asumirá de forma coordinada la fiscal Silvia Armeno, que ya ha empezado a ejercer esta labor, y su compañero, Antoni Torres, quien asumirá las diligencias por la vía civil. Una de las prioridades de los fiscales nombrados en exclusiva para proteger a las víctimas y personas vulnerables será hacer frente al aumento de casos de abusos patrimoniales y de violencia, en ocasiones también a nivel institucional, de las personas discapacitadas y la gente mayor. «Es un segmento de población cada vez más importante y estamos detectando más casos de abusos físicos y patrimoniales», aseguró Neus Pujal, quien puso en marcha estas dos iniciativas.
Según la fiscal jefe de Barcelona, se han detectado últimamente casos de ancianos cuya vivienda o cuenta bancaria cambia de nombre en favor de un cuidador o de un familiar de forma presuntamente indebida y aprovechando el estado de vulnerabilidad del afectado. De esta forma, subrayó, «poco a poco se despatrimonializa a la víctima y esas personas acaban quedándose solas y sin nada».
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