La Generalitat flexibiliza las ZBE
Tras el alud de críticas de grandes ciudades de Catalunya, el nuevo decreto acepta zonas de bajas emisiones supramunicipales que reducen el 25% de superficie mínima y retrasa las restricciones a los vehículos con etiqueta B. El Govern aceptará excepciones para rentas bajas pero no para residentes por el solo hecho de serlo.
El proyecto de regulación catalana de zona de bajas emisiones (ZBE) que el Govern de la Generalitat está a punto de aprobar se ha flexibilizado tras la lluvia de alegaciones críticas de grandes ciudades que adelantó días atrás EL PERIÓDICO. Entre los alcaldes beligerantes contra la normativa han destacado los de la asociación de municipios Arc Metropolità de Barcelona (Terrassa, Sabadell, Rubí y Mataró, entre ellos), que han llegado a tildarla de «despropósito» y a pedir la retirada del proyecto de decreto.
Confirma la citada flexibilización a este diario Mireia Boya, directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental del Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat: el Ejecutivo catalán asegura haber aceptado y en consecuencia integrar el 72% (el 43% de forma total y el 29% de forma parcial) de las alegaciones formuladas por el Arc Metropolità y el 83% (el 48% de forma total y el 35% de forma parcial) de las esgrimidas por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Estas segundas tenían un talante más técnico y menos controvertido.
El objetivo, subrayan desde Acció Climática, es «buscar el máximo consenso de las ciudades para reducir al 50% la contaminación en ocho años». Al tratarse de un decreto, la norma no necesita pasar por el Parlament para aprobarse. Aun así, fuentes de Acció Climàtica aseguran que confían en seguir negociando tanto con el AMB como con el Arc Metropolità (unos alcaldes con los que fuentes del Govern se muestran muy críticas por su posición enrocada) para alcanzar un consenso definitivo.
La próxima semana, ERC apoyará en el Parlament una moción propuesta por el PSC sobre cómo deben ser las ZBE. En el Govern entienden esta votación como un aval implícito de los socialistas al proyecto. Aun así, si las conversaciones no prosperan, el Ejecutivo de Pere Aragonès no descarta aprobar el plan sin consenso.
El modelo de las rondas
La estimación de alegaciones implica que se relajen varias de las medidas que soliviantaban a los alcaldes críticos, hasta ahora previstas en el proyecto normativo. Ejemplo paradigmático de ello es que, tal y como solicitaba el AMB, el Govern acepta que su nueva regulación permita la existencia de ZBE supramunicipales y no únicamente locales, como ocurría hasta ahora. Se trata de una posibilidad basada en el modelo de las ZBE Rondes Barcelona. El Ejecutivo reconoce este modelo como una referencia de éxito contra la contaminación atmosférica en el sur de Europa. Ahora podrá ser extrapolado a otras áreas catalanas como Sabadell-Terrassa-Rubí, GironaSalt o Reus-Tarragona.
Acció Climàtica asume que en este escenario los alcaldes del Arc Metropolità podrán configurar, por ejemplo, una ZBE propia del
Vallès, tal y como sugerían. «Si lo plantean y se ajusta a la regulación, es totalmente factible», asegura Boya.
Lo que no aceptará el Govern, como de hecho ya preveía el texto inicial, son las excepciones para residentes en las ciudades, una salvedad que demandaban también desde el Arc Metropolità. Sí operará un régimen general de excepciones y otro para rentas bajas previa autorización. Sin embargo, los residentes no disfrutarán de privilegios con carácter general frente a los no residentes.
En el área metropolitana de Barcelona, la ZBE deberá cubrir una superficie mínima del 25% de suelo urbano residencial. Con el modelo supramunicipal, ese 25% no computaría solo a nivel local (en cada una de las ciudades), sino en el conjunto del área supramunicipal propuesta. Además, Boya confirma que el umbral del 25% no será rígido: «Si en cuatro años las ciudades no llegan a ese umbral y lo justifican, buscaremos alternativas».
El otro cambio de calado que la Generalitat aplicará a su normativa tras la fase de alegaciones afecta al calendario de las restricciones a los vehículos con etiqueta B (amarilla). Si hasta la fecha la previsión era que las restricciones a los etiqueta B comenzaran el 1 de enero de 2026, ahora se proyecta que empiecen el 1 de enero de 2027. Es en esa fecha cuando se empezará a prohibir la circulación en las ZBE a los vehículos diésel Euro 4 (modelos entre 2006 y 2013), mientras que la circulación de la totalidad de los vehículos con etiqueta B quedará restringida a partir del 1 de enero de 2028 (antes de las alegaciones era el 1 de enero del 2027).
Es decir, los plazos para limitar la circulación de vehículos con etiqueta amarilla se retrasarán un año, una solución intermedia entre lo que el Govern proponía y lo que pedían algunas ciudades como Badalona (Albiol quería retrasarlo dos años). También habían solicitado flexibilizar el cerco a los etiqueta B desde el Arc Metropolità.
El conflicto competencial
Aunque en sus alegaciones el AMB afirmaba estar en consonancia con el conjunto de la regulación, las asperezas entre el Govern y el ente metropolitano se mantienen por la gestión administrativa de las ZBE.
Un ejemplo de ello es el Registro Metropolitano de Exenciones y Vehículos Extranjeros (200.000 usuarios inscritos), que el AMB pidió conservar junto con la tasa metropolitana (60% de la financiación de las ZBE) como elementos clave.
Fuentes de Acció Climática explican que están dispuestos a que el singular sistema de gestión metropolitana pueda coexistir con el que propone la Generalitat, pero en cambio persiste la controversia sobre el redactado jurídico final.
Según ha podido saber este diario, el gobierno del AMB tampoco está exento de debates sobre las negociaciones de las ZBE con la Generalitat. La discusión se da porque la regulación se sitúa en la intersección de dos vicepresidencias metropolitanas con distinto color político: mientras la vicepresidencia de Acció Climàtica, liderada por Janet Sanz (Comuns), sí está en consonancia con el Govern, la vicepresidencia de Movilidad, cartera del socialista Carlos Cordón, muestra más reservas en torno a la gestión de las ZBE que propone el Ejecutivo catalán.
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El Govern confía en llegar en breve a un consenso con el AMB y los alcaldes críticos
Existe un debate dentro de la propia AMB a la hora de negociar las ZBE con la Generalitat