La crisis golpea América Latina
Latinoamérica vive una oleada sin precedentes de migraciones causadas por desastres climáticos. En 2022 hubo dos millones de desplazamientos por razones climáticas. Y según un informe del Banco Mundial, se calcula que la región podría registrar 17 millones de refugiados en solo tres décadas.
América Latina es uno de los grandes focos de migraciones del mundo. Ahí, los refugiados climáticos cargan el peso de su sombra. Trajinan ante las miradas esquivas o parsimoniosas de los estados. Les mueve la urgencia. En Perú, por ejemplo, debieron hacerlo como parte de una multitud por los efectos de El Niño. Huyeron de incendios devastadores en la Amazonía y las inundaciones en el nordeste y sur de Brasil, así como sequías en la zona central de Chile y en Centroamérica. Se alejaron de las costas afectadas por la subida del nivel del mar en el Caribe. La región es de las más expuestas al calentamiento global y, por tanto, a las migraciones climáticas.
Según varios estudios, América Latina se encuentra en el cuarto lugar del mundo en la lista de las mayores migraciones por eventos climáticos. Las cifras muestran una tendencia alarmante. Solo en 2021 se registraron más de 1,6 millones de nuevos desplazamientos motivados por razones climáticas. En 2022 fueron dos millones. El Informe Groundswell del Banco Mundial calcula en 17 millones el número potencial en menos de tres décadas solo en esta región.
Mujeres, niños y originarios
Los desplazamientos tienen lugar por procesos diferenciados. Los especialistas hablan de situaciones súbitas (huracanes, ciclones, inundaciones, deslizamientos, terremotos o incendios) y otras que evolucionan gradualmente, como la sequía, el deshielo de glaciares y el incremento del nivel del mar. En Ecuador, refugiados y migrantes residen en áreas propensas a desastres naturales. Algunas zonas andinas padecen sequías y climas extremos que afectan negativamente a la producción agrícola. Más de 358.000 personas se encontraron en situación de emergencia en Brasil, como consecuencia de las lluvias extremas. En México se observa el impacto del cambio climático en la erosión costera.
En los últimos años ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ha fortalecido sus medidas para garantizar la protección y resiliencia de los desplazados por esas causas. Este año se espera un recrudecimiento de distintos fenómenos meteorológicos que «vuelven aún más compleja la respuesta humanitaria», reconoce José Samaniego, Director Regional de ACNUR para las Américas.
El cambio climático borra la línea entre los deseos de migrar y las necesidades imperiosas de hacerlo. Los grupos más vulnerables a las afectaciones son mujeres, menores y las poblaciones originarias. «Nunca pensamos en que las personas más vulnerables y afectadas por las inundaciones, por los incendios, por los desbordamientos de los ríos, son los niños», subrayó la asesora especial para la Defensa del Clima de la ONU, Paloma Escudero. Las calamidades obligaron a 2,3 millones de niños, niñas y adolescentes a desplazarse con sus padres.
«Todo el futuro está en peligro y la única opción es huir porque ya no queda nada», dijo Garry Conille, director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. No solo se pierden los hogares «sino también el acceso a la educación, la salud, el agua y la protección». En Brasil, las inundaciones fluviales y las tormentas podrían desplazar a aproximadamente 1,5 millones de menores en los próximos 30 años. En México, unos 672.000. Sus conflictos se superponen con los de las ciudades donde son albergados y que están atravesadas por la penuria económica y la falta de capacidad estructural para enfrentar los problemas.
Más allá de los desplazamientos, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), los fenómenos climáticos y geofísicos causaron entre 1998 y 2020 unas 312.000 muertes y dañaron a más de 277 millones de personas en América Latina y el Caribe. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) detecta la confluencia de factores que agravan la situación: la pobreza y la alta densidad poblacional, que lleva a ocupar zonas de riesgo; la degradación del suelo y la falta de una planificación de la explotación de los recursos naturales, debido a la fuerte dependencia de las economías en la extracción de recursos naturales y producción de alimentos.
La mayoría de desplazamientos originados por el clima son migraciones forzadas que se dan dentro del propio país. Pero la novedad de los últimos años tiene que ver con la expansión fronteriza. A fines de 2018 se inició la gran caravana migrante hacia EEUU. Las sequías no han sido ajenas a este movimiento. En América Central, 10,5 millones de personas habitan el llamado «corredor Seco», una región con patrones de lluvia cada vez más erráticos.
Solo durante la temporada de huracanes de 2017, casi tres millones de personas de 16 países del Caribe debieron desplazarse por los destrozos que provocaron los huracanes Irma, Harvey y Maria. Los especialistas subrayan: la crisis climática supone también desafíos para el Derecho Internacional. Según Oxfam, la agenda global requiere minimizar el riesgo de desplazamientos, garantizar los derechos de la población en tránsito y respaldar estrategias para lograr migraciones seguras y en condiciones dignas. «Migración y cambio climático van prácticamente en paralelo», admitió Kristina Rosales, portavoz del Departamento de Estado de EEUU, a partir de lo que se observa «en la frontera» compartida con México.
Más allá de los reconocimientos, no existe ningún instrumento jurídico internacional que contemple estas circunstancias. Algunos países comienzan a dar cuenta de estos fenómenos. La ley de Migración boliviana contempla acciones públicas que «viabilicen la admisión de poblaciones desplazadas por efectos climáticos». La Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado alcanza en Argentina a personas perjudicadas por «desastres naturales o ambientales ocasionados por el hombre». Y la ley brasileña establece la posibilidad de otorgar visados humanitarios a personas que dejaron sus países por situaciones graves de «desastres ambientales». Los presupuestos acotados convierten a esas normas en aspiraciones y no necesariamente hechos.
Ningún instrumento jurídico global contempla estas migraciones