La reclamación por mascarillas ‘fake’ en Baleares llevó a la UCO a Ábalos
▶ El requerimiento de 2,6 millones obligó a los implicados a volver a comunicarse
La reclamación de 2,6 millones de euros que la Administración autonómica balear activó frente a los adjudicatarios del contrato para servir mascarillas FPP2 a cambio de 3,7 millones de euros –cuya calidad no resultó ser la que se especificaba en los pliegos– ha servido, a la postre, para que la Guardia Civil acabe situando al ministro José Luis Ábalos en una reunión clave de la trama que la Audiencia Nacional investiga por el cobro de comisiones irregulares. Fue esta exigencia la que obligó a los empresarios implicados a volver a acudir a la red de contactos que posibilitó en 2020 el negocio millonario en lo peor de la pandemia, en demanda de influencias políticas que sirvieran para esquivar los requerimientos del Gobierno balear.
En este empeño se implicó especialmente Koldo García, el que fuera asesor en Transportes y hombre de confianza del exsecretario general del PSOE, especialmente desde finales de año y en las primeras semanas de 2024, ya que se acercaba la fecha de la caducidad del procedimiento por silencio administrativo.
Lo que Kodo García no sabía, al menos no hasta unas semanas antes de su detención, era que todos sus movimientos estaban siendo vigilados por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que sus teléfonos y los de otros miembros de la trama habían sido pinchados y que incluso se colocó un localizador en su motocicleta para conocer su ubicación en todo momento. En los días previos a lo arrestos del pasado 21 de febrero los agentes se dieron cuenta de que su objetivo podría haber recibido un «chivatazo», pues comenzó a adoptar prevenciones como comunicar con otras personas a través de su esposa o realizar encuentros en plena calle, para evitar ser grabado.
Con las escuchas ordenadas, el juez Ismael Moreno pretendía indagar si existían movimientos de los empresarios dirigidos a ocultar el patrimonio obtenido de los contratos con Transportes, Interior, Canarias y Baleares por más de 53 millones de euros. Pero los pinchazos permitieron a los investigadores conocer que tanto Koldo
El juez ordenó las escuchas para ver si los empresarios iban a ocultar patrimonio
como Juan Carlos Cueto, propietario en la sombra de la empresa adjudicataria Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas y su socio Víctor de Aldama andaban nerviosos por otras dos cuestiones derivadas de su pelotazo millonario: una inspección a Hacienda de este último y la reclamación de Baleares.
En una marisquería
Las gestiones de Koldo García para intentar «influir» en la Administración balear se materializaron en múltiples llamadas telefónicas pero también en encuentros personales con los comisionistas de la trama en una marisquería de Madrid, La Chalana. Allí se vio también con las dos personas que el juez cita expresamente como «intermediarios» para lograr un acuerdo favorable en Baleares, que son el empresario Jacobo Pompo y el propio Ábalos . ■