Cuatro técnicos confirman las «malas prácticas» en el Geriàtric Aragó
Versiones contrapuestas ayer en la declaración judicial del caso de la residencia Aragó de Barcelona donde murieron ocho ancianos por un brote de salmonela. Cuatro técnicos de la Agencia de Salud Pública de Barcelona ratificaron ante el juez sus informes en los que afirmaban que las «malas prácticas» detectadas de julio a septiembre de 2022 produjeron «un riesgo muy alto para la salud para todos los residentes» del centro, lo que se «materializó» en la infección de 37 personas por salmonela, entre ellas las fallecidas.
El titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona investiga, a raíz de una denuncia de la fiscalía, si el equipo directivo de la residencia podría haber cometido ocho delitos de imprudencia graves con resultado de muerte. El geriátrico asegura que el informe de la agencia no refleja la realidad. El informe de la Agencia de Salud Pública sobre como el Geriàtrico Aragò gestionó el brote de salmonela es demoledor. Fue emitido el 23 de marzo de 2023, meses después del brote. El documento señala una «falta flagrante de atención sanitaria y negligencia» que causó la muerte de los ancianos, con menciones especiales a la falta de material higiénico más básico, falta de personal y una suciedad apabullante en las instalaciones. La Agencia de Salud Pública de Barcelona denunció la situación a la fiscalía, que terminó abriendo una investigación y llevando en asunto ante el juez. Es por ello que la declaración de sus técnicos se ha tornado trascendental. «Se han ratificado en sus informes», explicaron fuentes jurídicas.
Antes de la declaración de estos testigos, fueron interrogados tres de los cuatro investigados: el administrador y gestor del geriátrico, Alejandro Cabedo; la directora en aquel momento, María Dolores Ortiz, y la gobernanta, Susana Soler. La médica del centro no declaró. Los tres aseguraron que hicieron lo debido y que cumplieron las indicaciones de las autoridades sanitarias.
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