Collboni reclama más jueces para luchar contra la reincidencia
El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona propone modificar el Código Penal y que los ladrones de móviles sean castigados con penas de uno a tres años.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, avaló ayer la necesidad de reformar la ley y aumentar el número de juzgados en la ciudad y en Catalunya para poder combatir la mutirreincidencia, un problema que, a su entender, es prioritario y debe estar en la agenda tanto en el Govern como en el Ejecutivo español de Pedro Sánchez. En este sentido, el decano del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Jesús Sánchez, y miembros de la comisión de normativa de esta institución presentaron varias propuestas para modificar el Código Penal, como la de imponer una pena de prisión de uno a tres años al delincuente que haya estado condenado antes por tres delitos de hurto similares sin tener en cuenta la suma del valor del material sustraído en todas esas acciones y que el robo de móviles (tenga el precio que tenga) también comporte la misma pena de cárcel.
Uno de los principales impedimentos a los que se enfrentan las autoridades policiales y judiciales para luchar contra la multirreincidencia es la reforma del Código Penal que entró en vigor en el 2022, a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo que anulaba una normativa anterior, y que permite imponer una pena mayor a los ladrones que hayan sido condenados con anterioridad al menos por tres delitos contra el patrimonio. Pero la dificultad radica en que se fijó que todos los enseres robados en esas actuaciones deben superar los 400 euros, y para sumar lo sustraído es obligatorio consultar las sentencias de diferentes juzgados, cuestión que puede tardar días o semanas.
El artículo 234, apartado dos, del Código Penal afirma: «El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión a 6 y 18 meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros». Si no se supera esa cantidad, la condena sería de multa. En cambio, si el arrestado ha sido condenado antes tres veces a una multa y el total de lo robado entonces supera los 400 euros, en la cuarta ocasión se le puede imponer la pena de privación de libertad. El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona propone ahora cambiar este precepto. Y en concreto, que se
Un impedimento al que se enfrentan las autoridades es la reforma del Código Penal de 2022
elimine la suma de esos 400 euros.
Pero una de las propuestas más significativas en la que corresponde a la sustracción de móviles. Respecto a este tema, los abogados impulsan que se incluya en el Código Penal un artículo adicional para que se impongan penas de un a tres años de prisión a los que hurten «dispositivos electrónicos o tecnológicos», como móviles, sin tener en cuenta el valor del objeto sustraído. «Sin nos quitan el móvil nos quitan una parte de nuestra vida porque ahí lo tenemos todo. El robo de un móvil no puede ser un delito leve (ahora se impone multas). Queremos que esta reforma tenga un efecto disuasorio. Que la gente tenga conocimiento que sustraer el móvil puede comportar una medida de prisión (...). Ha de ser una medida con efecto disuasorio», aseguró el decano de los abogados de Barcelona en la presentación de las propuestas. En el acto, además de Collboni, asistieron los alcaldes y alcaldesas de Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià y Sant Boi.
«Reto de Barcelona i el AMB»
El alcalde Collboni admitió que la lucha contra la multirreincidencia es «un reto que tenemos en Barcelona y en el área metropolitana» y «un tema que nos preocupa». El edil socialista insistió en que se ha de buscar una solución justa, equitativa y eficaz», a la vez que lanzó un mensaje tanto al Gobierno catalán como al español para que incorporen ese asunto de forma «prioritaria» en las agendas.
Asimismo, sostuvo que debe aumentar la dotación de la plantilla judicial en Catalunya y en Barcelona. El lunes, la decana de los juzgados de Barcelona, Cristina Ferrando, anunció que había solicitado la creación de cuatro nuevos juzgados de lo penal (los que celebran los juicios rápidos de penas que no superen los cinco años de prisión) y otros dos de ejecutorias para que se cumplan la sentencia. El acuerdo de Gobierno entre el PSC y ERC prevé la puesta en funcionamiento de 50 juzgados en dos años.
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