Examen jurídico al mecanismo
Expertas juristas han puesto bajo la lupa el protocolo contra el acoso del Parlament, para analizar posibles flaquezas que justifiquen una modificación para hacerlo más garantista. Los fallos, advierten, no siempre se deben a la herramienta en sí, sino al mal uso que se hace de ella.
¿Tiene suficiente seguridad jurídica el protocolo contra el acoso del Parlament? ¿Es lo suficientemente garantista? El melón sobre si debe o no ser revisado está abierto a tenor de las denuncias presentadas por dos diputadas de Junts -Aurora Madaula y Cristina Casol- que han señalado haber sido discriminadas por razón de género mientras la dirección del partido lo atribuye a una disputa política.
1 ¿Se tiene que revisar?
Hay grupos, como Junts y el PSC, que plantean que, teniendo en cuenta que afecta a cargos electos, hay que dotar al protocolo de una mayor seguridad jurídica para poder sancionar en caso de determinar una culpabilidad, en la misma línea que apunta el primer informe ya emitido por los letrados de la Cámara. Sin embargo, la abogada del Col·lectiu Ronda Joana Badia sostiene que no, que la cobertura legal ya la tiene, puesto que fue aprobado por la Mesa del Parlament. Recuerda que el punto 7.7 del texto recoge una declaración de compromiso. «Si los grupos firman el protocolo, los vincula. Si aceptas los acuerdos de la Mesa y firmas un compromiso, eso debería salvar que se pueda sancionar», sostiene.
Añade que el punto 11.3 incluye medidas preventivas para excluir a los denunciados de delegaciones, así como que, en caso de confirmación de la culpabilidad, la Mesa «debe retirar» al grupo al que pertenece «la parte de subvención que le corresponde» a no ser que el grupo lo expulse y «limitar los medios materiales y los locales» a los que tiene acceso. «Los grupos que han firmado el protocolo, se han comprometido con esto», insiste.
2 ¿Cómo puede preservarse?
Junts, pero también otros partidos, sostienen que en estas dos ocasiones el protocolo se ha activado no por casos de acoso por razón de género sino por la batalla política abierta en el seno de Junts -tanto Casol como Madaula son próximas a Laura Borràs-. Badia insiste en que si los partidos firman un protocolo, «lo lógico es que lo respeten». Reconoce, eso sí, que el Parlament es «especialmente endogámico» porque, al final, por mucho que haya una empresa externa que dirima el caso, la sanción recae sobre la Mesa y, por lo tanto, «en cargos políticos que deciden sobre otros cargos políticos» cuyos partidos tienen intereses cruzados.
«El protocolo estaba pensado de cara al contrario, de otro partido», -además de vehicular Parlament, eventuales y periodistas-, apunta otra de las abogadas especializada en derecho laboral consultadas por EL PERIÓDICO y que prefiere no ser citada con su nombre para evitar incompatibilidades. Considera que, en el caso de Casol, ha habido una «mala utilización» de la herramienta y que lo lógico hubiera sido que estas diputadas activaran el protocolo de sus partidos y no el de la institución. Además, cree que en el caso de la política hay «libertad de asociación» y se pregunta qué pasaría si una diputada de la extrema derecha de Vox denunciara a su partido, teniendo en cuenta que parten de una ideología machista. Aunque este partido, directamente, se negó a firmar el protocolo.
3 ¿Se dencialidad? puede mejorar la confi
La denuncia de Casol también generó dudas sobre si se había vulnerado la confidencialidad, al filtrarse tanto la denuncia, como la resolución del caso y hasta el contenido del informe. Para las juristas, fallan las personas y no el mecanismo previsto, ya que el protocolo establece que el resultado del análisis del caso se comunicará solo a la persona afectada y es ella quien debe dar su consentimiento para ir más allá. «En estos casos, la confidencialidad depende de la buena fe de cada cual», afirma Badia, que también apunta que, se le dé la razón o no, la denunciante puede interponer una denuncia por revelación de secretos si se detecta quién ha filtrado su informe o detalles sobre él, como pasó en el caso de Casol.
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