Catalunya avanza en políticas del tiempo a la espera de la ley del Estado
▶ Los expertos insisten en que la reforma debe venir del impulso conjunto de las administraciones
El debate sobre los horarios con los que funcionamos como sociedad, y no solo en el trabajo o los hábitos de ocio, sino también en los centros educativos (sobre la mesa de la Conselleria d’Educació está revisar la jornada escolar), vuelve a estar de actualidad después de que Yolanda Díaz aludiera a los «irracionales» horarios nocturnos de la hostelería en España y con la jornada laboral de 37,5 horas sobre la mesa de negociación con los agentes sociales.
«El debate lo hacemos fijándonos en la consecuencia, los horarios del ocio, pero estos vienen determinados porque tenemos horarios laborales tardíos», advierte Marta Junqué, coordinadora de la Time Use Iniciative (TUI), la plataforma que desde su nacimiento en 2014 ha logrado poner en la agenda política y social los conceptos de derecho al tiempo y políticas del tiempo. «En 2014 nadie hablaba de horarios, ni de derecho al tiempo ni de políticas del tiempo. Hoy las administraciones asumen el tema como propio y los ciudadanos también se lo plantean», resume Junqué.
El pasado febrero, sin ir más lejos, la Generalitat, ayuntamientos –empezando por el de Barcelona–, la Diputación de Barcelona y el AMB renovaron su acuerdo para que el derecho al tiempo forme parte esencial de sus agendas. «Es un compromiso compartido», subraya Núria Vergés, directora general de Cures i Organització del Temps de la Conselleria d’Igualtat de la Generalitat, que insiste en que la reforma horaria debe venir del impulso conjunto de las administraciones.
«Momento crucial»
«Estamos en un momento crucial porque hoy ya todos somos conscientes de que tenemos un problema con los horarios», subraya la coordinadora de TUI. Ese momento crucial se basa en tres factores: la ley de usos del tiempo que ultima el Gobierno central –y cuyo arranque es la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas– y que debería culminar en 2025 con la negociación con los agentes sociales; los datos que saldrán a finales de este año de la Encuesta de Usos del Tiempo en Catalunya, que permitirá identificar necesidades; y la creciente conciencia social. A este último factor ha contribuido, apunta Junqué, «la pandemia de covid, el burn out colectivo y los jóvenes, que reivindican el derecho al tiempo».
Puesto el tema en la agenda, y a la espera de la ley de usos del tiempo, en Catalunya las administraciones llevan ya años aplicando políticas del tiempo. El Govern, que trabaja ya en un nuevo Pacto Nacional del Tiempo para Vivir, cuenta con la Red Catalana por el Derecho al Tiempo, de la que forman parte empresas, sindicatos, entidades y municipios, y que busca visibilizar que el cambio es posible. Un ejemplo son aquellas empresas que adoptan organizaciones flexibles y compatibles con la conciliación.
De esto tienen experiencia en el Ayuntamiento de Barcelona, que tiene en marcha desde 2006 la red de empresas Nus, que suma ya 150 empresas. «Han demostrado que es posible organizar la jornada de manera diferente sin perder productividad. Los trabajadores ganan en flexibilidad, están más satisfechos y eso redunda en la empresa», resume Sònia Ruiz, directora de Políticas del Tiempo del consistorio.
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