La Audiencia despejó bulos pero no determinó los autores intelectuales
▶ La sentencia de octubre de 2007 fijó el relato de lo ocurrido en los trenes y la inmolación de la mayoría de los yihadistas que colocaron los explosivos
El 11 de marzo de 2004, tres días antes de las elecciones generales, una célula yihadista colocó 13 artefactos explosivos en cuatro trenes de cercanías de Madrid. Se trató del primer acto terrorista islamista cometido en España tras el inicio de la batalla mundial emprendida por EEUU a raíz del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York en 2001. Murieron 191 personas y 1.857 resultaron heridas. El país entero quedó conmocionando y se generó una gran polémica sobre la autoría de los hechos ante la posibilidad de que hubiera sido ETA, alimentada en los días posteriores a los atentados por el Gobierno de José María Aznar.
En medio de esta confusión comenzó la investigación del juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, que ocupó 241 tomos y duró 28 meses. Finalmente, se procesó a un total de 29 personas, pero se trató en todo caso de «conductas periféricas», colaboradores en su mayoría, y solo dos de los terroristas que se sentaron en el banquillo fueron sentenciados como autores materiales. Los miembros de la célula que participaron directamente en las explosiones se habían inmolado un mes después de los atentados en un piso de Leganés, cercados por los GEO, causando la muerte de uno de los agentes en la explosión. Ni la instrucción ni el juicio posterior permitió fijar en sentencia la autoría intelectual.
El juicio comenzó apenas tres años después de la matanza, entre el 15 de febrero y el 2 de julio de 2007, en un pabellón de la Casa de Campo de Madrid, que fue preparado para que se pudiera acoger a todos los acusados, sus abogados, el numeroso público que acudió cada día y para que se pudiera transmitir las sesiones en directo. La sentencia se leyó en este mismo espacio el 31 de octubre de ese mismo año.
Del total de 29 procesados, el tribunal integrado por los magistrados Javier Gómez Bermúdez, Fernando García Nicolás y Alfonso Guevara absolvió a ocho, pero las condenas impuestas fueron ejemplares. A Jamal Zougam y Otman el Ganaoui les cayeron más de 42.900 años de cárcel al considerarles autores materiales de los asesinatos y al exminero José Emilio Suárez Trashorras –líder del grupo que facilitó los explosivos– a 34.715 años como autor por cooperación necesaria. Los tres terminarán de cumplir sus condenas en 2044, si bien el asturiano, que sufre trastornos mentales, ha solicitado recientemente que le sea aplicada la eutanasia.
El objetivo del atentado
La resolución fija los objetivos que buscaban los terroristas: «Mediante el uso de la violencia en todas sus manifestaciones, pretenden derrocar los regímenes democráticos y eliminar la cultura de tradición cristiano-occidental sustituyéndolos por un Estado islámico bajo el imperio de la sharia o ley islámica en su interpretación más radical, extrema y minoritaria».
En total fueron colocadas 13 mochilas o bolsas cargadas con explosivos temporizados para que explosionaran simultáneamente. Diez de ellas entre las 7:37 y las 7:40 horas del 11 de marzo de 2004. El último artilugio explosivo fue colocado por Zougam en el cuarto vagón del tren número 21713, que salía de Alcalá de Henares a las 7:14 horas y explosionó a las 7:38 horas cuando el tren estaba parado en el andén de la vía 1 de la estación de Santa Eugenia.
Los hechos probados de las sentencia detallan que fueron Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet, Jamal Ahmidan, alias El Chino; Mohamed Oulad Akcha, Rachid Oulad Akcha, Abdennabi Kounjaa, Asrih Rifaat Anouar, Allekema Lamari –todos ellos muertos en la explosión de Leganés– y una octava persona que no pudo ser identificada, junto con el condenado Jamal Zougam, quienes en la mañana del día 11 de marzo de 2004 colocaron en cuatro trenes de la red de cercanías de Madrid los 13 artilugios explosivos. Los artefactos eran de iniciación eléctrica compuestos por dinamita plástica y detonador alimentados y temporizados por un teléfono celular o móvil.
Decidierion suicidarse
Estos siete terroristas, «ante la inminencia de su detención por la policía», que les tenía cercados en la vivienda que ocupaban en la calle Martín Gaite de Leganés, decidieron suicidarse detonando varias cargas de dinamita de la marca Goma 2 ECO sobre las 9 de la noche del 3 de abril de 2004. La explosión mató al subinspector del Grupo Especial de Operaciones del Cuerpo Nacional de Policía Francisco Javier Torronteras.
Además de los ocho ocupantes del piso de Leganés, fueron sentenciados por participar en mayor o menor medida en el atentado otros yihadistas: Rabei Osman Al Sayed Ahmed, Hassan el Haski, Youseff Belhajd, Abdelmajid Bouchar, Jamal Zougam, Basel Ghalyoun, Otman el Gnaoui, Gnaout o Kanoui, Mohamed Larbi Ben Sellam, Rachif Aglif, Mohannad Almallah Dabas, Fouad el Morabit Anghar, Mohamed
Bouharrat, Saed el Harrak y Hamed Ahmidan. Ni la Audiencia Nacional ni posteriormente el Tribunal Supremo encontraron pruebas suficientes para condenar a Rabei Osman el Sayed El Egipcio, señalado como uno de los supuestos autores intelectuales de los atentados de Madrid. Ya había sido sentenciado por integración en banda terrorista en Italia.
Según la entrevista concedida a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, por el presidente del tribunal Javier Gómez Bermúdez, al cumplirse 20 años de los atentados, el suicidio de los autores materiales dejó a la justicia sin apenas información en este aspecto «¿Quién ideó los atentados? Pues mire usted, no lo sabemos», señaló a este diario. Según el hoy abogado, pudo tener mucho que ver en esto Serhane Ben Abdelmajid Fakhet alias El Tunecino, que se suicidó en Leganés.
«Pero hay teorías de expertos, de expertos muy cualificados, que dicen que probablemente uno de los ideólogos de los atentados fue un conocido yihadista que se nos dio la fuga en la llamada Operación Dátil, que nunca pudimos juzgar y que creemos que murió en Siria en 2005», añade.
Muertos y heridos
A consecuencia de las explosiones fallecieron 191 personas: 34 en la estación de Atocha, 63 en la calle Téllez, 65 en la estación de El Pozo, 14 en la estación de Santa Eugenia y 15 en distintos hospitales de Madrid. Además, resultaron heridas 1857 personas y se produjeron importantes daños materiales que no han sido tasados en su totalidad. A estas cifras hay que añadir el GEO que murió en Leganés y una mujer que fue considerada víctima de los atentados 18 años después de los mismos. En total, 193 fallecidos.
El análisis de los explosivos empleados fue uno de los aspectos más controvertidos de la instrucción y también durante el juicio, y sirvió desde algunos ámbitos para sembrar dudas sobre la autoría de los atentados.
La sentencia fijó, sin embargo, que «toda o gran parte de la dinamita» de los artefactos que explosionaron en los trenes el día 11 de marzo y toda la que fue detonada en el piso de Leganés más la hallada durante el desescombro posterior a la explosión, procedía de la mina Conchita, situada en el término de Belmonte de Miranda, Asturias, propiedad de la empresa Caolines de Merillés, S.A. La dinamita fue sustraída, con la connivencia de algún minero, aprovechando el nulo control sobre el consumo que existía en dicho momento en la mina.
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