Sin escuela a la espera del padrón en Vic
Bashira es un nombre ficticio, pero es una niña real. Tiene 14 años y nació en Marruecos. Tras un desahucio duerme en coches prestados o en habitaciones de conocidos junto a sus padres. El Ayuntamiento de Vic asegura que ella y su madre están empadronadas, pero la familia no tiene documentación que lo acredite.
Abre los ojos como platos. Pero frunce el ceño cuando, otra vez, le toca comer pan con atún en lata y fruta en un banco de la calle con sus padres. Bashira, el nombre ficticio de una niña de 14 años nacida en Marruecos, hace seis meses que espera para ir a la escuela en Vic (Osona). Además, desde hace tres semanas, tras un desahucio, duerme en coches prestados, garajes o habitaciones de conocidos con sus padres. El Ayuntamiento de Vic asegura que Bashira y su madre están empadronadas y que se ha cumplido con los plazos legales, pero la familia no tiene documentación alguna que lo acredite. Su abogado confirma que sus tres intentos de lograr ese certificado han sido en vano. No tienen el papel.
La concejala de Servicios Sociales en Vic (Junts), Núria Homs, sostiene que esta familia está empadronada desde las pasadas Navidades. «No incumplimos los plazos y empadronamos a todo el mundo, aunque yo no esté de acuerdo», apunta antes de sugerir que esta familia «debería coger un billete y regresar a Marruecos». Varias entidades de la ciudad aseguran que las listas de espera para facilitar el padrón o la escuela a los recién llegados son habituales.
Bashira, que pide anonimato, llegó a Vic el pasado 9 de septiembre con su madre, procedente de Nador (Marruecos). El padre, Abdelkhalek Darrah, lleva más de 20 años en la capital de Osona. Ahora tiene 64. «La mayoría del tiempo trabajé sin papeles en los mataderos y después, cuando me dieron los papeles, estuve en la construcción», explica. Hasta que un accidente de trabajo le dejó en situación de incapacidad laboral. «Tan solo ha cotizado dos años», apunta la concejala Núria Homs. En los últimos años, Darrah cobra los 650 euros al mes de la renta garantizada de ciudadanía, la prestación de la Generalitat de quien no tiene nada a lo que agarrarse.
El padre consta empadronado en un piso en la calle Anselm Clavé, en el barrio del Remei. Un piso donde fue a vivir en 2015 pagando 80 euros por una habitación, y donde se quedó mientras otros inquilinos se fueron de la vivienda, ocupada y propiedad de un fondo de inversión.
Gestiones sin resultado
El pasado septiembre, su esposa y su hija se instalaron en el piso. Darrah explica que el 25 de septiembre fue con su mujer y su hija al ayuntamiento para empadronarlas y a la Oficina de Escolarización municipal para pedir escuela para la menor. «Nos dijeron que vendrían a comprobar que vivíamos allí y que cuando tuviéramos padrón podríamos llevarla a la escuela», explica el hombre. Seis meses después, asegura que no volvió a tener noticias del padrón.
Su abogado, Toni Iborra, ha reclamado en tres ocasiones el padrón de la madre y la niña a través del registro municipal: el 28 de noviembre, el 5 de diciembre y el 10 de enero. «Esto es una vulneración clara y grave de los derechos humanos y de la legislación», se que
ja el letrado. La concejala Homs insiste en que la familia está empadronada desde las pasadas Navidades. Explica que en algunos casos firma el padrón añadiendo una coletilla, para hacer constar su opinión, de que las viviendas de los empadronados no son las más adecuadas.
Pero quienes intentan ayudar a esta familia discrepan. «El 6 de marzo fuimos a las oficinas y nos dijeron que el padrón de la mujer y de la hija seguía en trámite, que ellas aún no constaban como empadronadas en la dirección que habían facilitado», sostiene Clara Cusó, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Osona. En medio de todo el proceso, el 15 de febrero los Mossos desahuciaron a esta familia del piso ocupado. «Desde ese día la niña tiene pesadillas y mucho miedo. No dormimos bien», lamenta el padre, incapaz de encontrar una casa en Vic para los tres con la prestación de 700 euros. El ayuntamiento les pagó tres noches en un hostal. Después han estado durmiendo en coches o furgonetas prestadas, sobre mantas en el suelo de garajes o en habitaciones compartidas por amistades. Durante el día, se pasean por la ciudad buscando opciones. La realidad es que la adolescente todavía no ha pisado el colegio. «Lo que no podemos pretender es que se celebren juntas de escolarización solo por este caso. Cuando se celebre y se hable de este caso, se escolarizara a la menor», promete Homs. «Yo solo quiero mejorar mi inglés, mi francés, y un día ser dentista», sueña Bashira. Por las tardes, asiste a la mezquita, donde les han dicho que si hiciera falta podrían ofrecerles cobijo para pasar la noche.
«Hay que hacer algo»
Bashira tampoco tiene tarjeta sanitaria, ni vacunas, ni pediatra asignado. El 29 de febrero, fue atendida de urgencia en el CAP del Remei por una infección de orina. «Hay que hacer algo con esta familia: no están durmiendo bien, no comen bien, no se pueden asear. La infección es lo que menos me preocupa», reconocía la doctora que les atendió al conocer su
historia. Tras recetarle un antibiótico, la facultativa activó a la trabajadora social del CAP y el ayuntamiento volvió a tramitar otras tres noches en una pensión. Después, vuelta a la calle.
Una vecina ha financiado una pensión por unos días. «Es que los servicios sociales están colapsados. Lo que tiene que hacer esta gente es cotizar. Vale que el padrón es la puerta de entrada a los derechos, pero también hay que tener obligaciones y responsabilidades. Lo que hay que hacer en este caso es un billete para Marruecos, donde sí tienen una casa», reitera Homs.
«Espera innecesaria»
Las entidades sociales denuncian que el de la familia Darrah no es un caso extraordinario. «Hace años que batallamos con esta problemática: tardan meses para empadronar y para escolarizar a los niños inmigrantes llegados a Vic. No es un problema de ahora», se quejan desde la PAH.
Fuentes de Càritas Diocesana y del Casal Claret, dos de las principales entidades de atención social en Vic, señalan que este tipo de casos, en el que los trámites del padrón se alargan de forma excesiva, son habituales. «Al final se acaban resolviendo, pero es una espera innecesaria y que afecta a los derechos más básicos de estas familias y de los menores», subrayan desde el Casal.
Una mujer atendida en Càritas explica que ha logrado tramitar el padrón y la escuela para su hijo de 9 años, seis meses después de llegar a Vic. «Por fin lo hemos conseguido», afirma .
El Síndic de Greuges de Vic, Joan Sala, recuerda que la situación era peor en 2018, cuando había más de 200 menores esperando el padrón para ir a la escuela. «Decidimos, con la oficina municipal de escolarización, que se les asignara plaza antes de tener el padrón para que al menos pudieran ir a clase», recuerda.
El pasado diciembre, a Sala le tocó mediar en dos casos: dos niños que llevaban dos meses sin tener plaza escolar. Se resolvieron al momento. «Yo diría que hoy no hay este problema, o al menos a mí no me llegan los casos, pero eso tampoco me extraña porque estas familias no conocen mi papel», dice el Síndic.
Un 30% de inmigración
Hace años, la mesa de vivienda, formada por ayuntamiento y por entidades, abordaba estos temas. Pero hace más de un año que no se convoca. «Eran todo ataques, no se hacía nada en positivo», justifica Homs. La concejala insiste en que Vic, con un 30% de inmigración, no tiene un problema de convivencia pero sí de acogida y más de vivienda. «Los servicios sociales están colapsados, necesitamos recursos y permisos de trabajo para los recién llegados», asegura. Aunque dice que tampoco es partidaria del «asistencialismo» en los servicios sociales: «La gente tiene que ser autónoma y salir adelante».
Los servicios del Departament d’Educació alertan de que algunos de estos inmigrantes se trasladan a otros municipios tras las negativas de Vic a facilitarles el padrón. «En Manlleu o Torelló hemos descubierto casos de alumnos que han vivido en Vic pero que no fueron escolarizados porque no tenían el padrón», explican. «Yo creo que el ayuntamiento no nos ayuda porque quiere que nos vayamos» , sentencia Abdelkhalek Darrah.
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Bashira no tiene tarjeta sanitaria, ni vacunas, ni pediatra asignado Las entidades denuncian que el de esta familia no es un caso aislado