El CGPJ evaluará la amnistía con dos informes contrapuestos
▶ La vocal propuesta por el PSOE, a diferencia de la de su compañero conservador, delega en el TC determinar si es inconstitucional
A la hora de informar sobre leyes que se presumen controvertidas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está prácticamente institucionalizando una política consistente en la redacción de dos informes: uno corre a cargo de un vocal nombrado a propuesta del PP y el otro, del PSOE. En el caso de la amnistía, los elegidos fueron respectivamente, Wenceslao Olea y Mar Cabrejas. Los dictámenes, redactados a petición del Senado y que serán sometidos al criterio del pleno de la institución del próximo día 21, son como se esperaba irreconciliables, pero el de la vocal Cabrejas también pone pegas a la proposición de ley, en su caso, por la inconcreción que detecta en algunos puntos.
Ambos dictámenes son irreconciliables porque Olea es francamente contrario a la ley e incluso tacha de inconstitucional el perdón promovido por el Gobierno y ERC y Junts, mientras que Cabrejas prefiere no pronunciarse sobre lo que considera labor del Tribunal Constitucional (TC), pero a la vez admite que, «con carácter general, puede afirmarse que la amnistía es una figura con pleno encaje constitucional», ya que aprobarla entra dentro de la potestad legislativa, por lo que, «con carácter general, cae fuera del ámbito del Derecho de la Unión». La propuesta de informe de la vocal, no obstante, señala que el texto «contiene algunas fórmulas excesivamente abiertas e indeterminadas como ‘cualquier otro acto tipificado como delito que tuviere idéntica finalidad’ o ‘cualesquiera otros actos tipificados como delitos realizados con idéntica intención’».
También pone pegas a la referencia al espacio temporal de los actos amnistiados. El informe de Cabrejas dice que la fecha inicial finalmente establecida, el 1 de noviembre de 2011, «no responde a una precisa razón expresada en la exposición de motivos, ni su justificación se desprende del conjunto de la proposición». Advierte de que al incluir en el ámbito de aplicación de la ley los actos cuya realización se hubiera iniciado antes del día 13 de noviembre de 2023, «aunque su ejecución finalizase con posterioridad», se genera «una suerte de espacio de no responsabilidad que no resulta compatible con el carácter de ley excepcional de la amnistía».
Sobre la exclusión de los actos que por su finalidad puedan ser calificados de terrorismo según la Directiva europea de 2017 «y, a su vez, hayan causado de forma intencionada violaciones graves de derechos humanos», la ponente afirma que «su formulación precisa necesariamente de una interpretación del concepto ‘violaciones graves de los derechos humanos’ que puede generar dudas aplicativas, sobre todo si no se entiende vinculado a la noción empleada» por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Feijóo corrige a González Pons al afirmar que la ley no afecta a la renovación del Poder Judicial
«Hito fundacional»
En la trinchera política, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, aseguró la semana pasada que la aprobación de la ley de amnistía dificultaba mucho el entendimiento con el Gobierno para renovar el CGPJ. Alberto Núñez Feijóo, sin embargo, corrigió ayer el mensaje. La negociación sigue en marcha y no se ve afectada por la medida de gracia al ‘procés’, señaló el líder del PP. Feijóo afirmó que la amnistía no es un obstáculo porque «en este caso» el Gobierno no les ha «engañado», ya que es el «hito fundacional de esta legislatura», en referencia a que fue una exigencia de Junts para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.
El Ejecutivo continúa insistiendo en que no hay «excusas» para renovar un organismo, actualmente de mayoría conservadora, en el que sus integrantes llevan más de cinco años con el mandato caducado.
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