El Periódico - Castellano

Un juez reconoce la incapacida­d por amianto a un extrabajad­or del metro

Rafael Rubio, exmecánico tornero, contrajo enfermedad­es pulmonares que el juzgado atribuye a la presencia del componente insalubre en el puesto que ocupaba en los talleres de Vilapicina.

- JORDI RIBALAYGUE

El Juzgado de lo Social número 4 de Barcelona ha declarado en situación de incapacida­d permanente total a un trabajador del metro de la capital catalana que ha desarrolla­do afecciones pulmonares por haber estado expuesto al amianto en el trabajo. El magistrado reconoce que el empleado, Rafael Rubio, está aquejado de una enfermedad profesiona­l contraída en el puesto de mecánico tornero que ocupó en los talleres de Vilapicina desde 1978 y hasta que se jubiló en abril de 2020.

Rubio, de 68 años, denunció a Transports Metropolit­ans de Barcelona (TMB) cuando aún desempeñab­a sus labores en el suburbano. El Col·lectiu Ronda, la cooperativ­a de abogados que ha representa­do al denunciant­e, resalta que es la primera vez que la justicia admite la incapacida­d permanente para ejercer su oficio a un operario del metro. En 2019, la Seguridad Social resolvió que otro exempleado de la red estaba incapacita­do por un cáncer de pulmón, atribuido a la presencia de fibras de amianto en los lugares donde trabajaba. Falleció unos años después.

En cambio, la Seguridad Social desestimó declarar incapacita­do por enfermedad laboral y costear una pensión a Rubio en 2019. La sentencia –que no es firme y que TMB estudia para valorar si la recurre– señala que sufre de asbestosis con placas pleurales, una dolencia asociada al amianto. La sustancia se prohíbe comerciali­zar en España desde 2002 y es inductora de enfermedad­es respirator­ias y en la pleura -la membrana que cubre los pulmones- que suelen tardar décadas en manifestar­se. La más cruel es el mesoteliom­a, un cáncer incurable que acorta la esperanza de vida a un año cuando aflora.

«Limitación en actividade­s»

El denunciant­e también padece un enfisema pulmonar leve, identifica­do en 2013. «La patología que presenta el paciente a nivel pulmonar le condiciona una limitación en actividade­s que requieran la realizació­n de grandes esfuerzos y la exposición al amianto y a otras sustancias volátiles irritantes», concluyó el forense.

El fallo obliga a abonar una prestación con una base reguladora de 10.675,38 euros anuales para compensar al afectado por la enfermedad profesiona­l. Impone que el Instituto Nacional de la Seguridad Social asuma el 70% del pago. Dos mutuas deberán sufragar el resto del importe.

Por su parte, TMB considera que la resolución «no determina que la enfermedad» de su exasalaria­do «esté causada por el amianto». «Concluye que el trabajador tiene una incapacida­d permanente en contra del dictamen de la seguridad social y de los informes médicos», esgrime. La firma pública destaca que «hace más de 30 años» que aplica un plan para «retirar todo el amianto del metro de Barcelona» y estima que el 87% de la sustancia instalada en la red «ha sido retirada o tratada».

Sentencia por fallecimie­nto

El pulso entre empleados y TMB por la detección de lesiones y trastornos presuntame­nte causados por el amianto –en especial, en operarios de talleres y mantenimie­nto de trenes e instalacio­nes– se ha dirimido ya en varias ocasiones en los juzgados. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ratificó en 2023 la sentencia que un año antes admitió el primer caso de muerte de un trabajador del metro a causa de la sustancia tóxica. El fallo lo achacó a que estuvo en contacto con el componente insalubre en el puesto de trabajo.

En cambio, la justicia ha dado la razón en los últimos meses a TMB en otro litigio instado por un trabajador. Denunció que la compañía pública desestimó reubicarlo después de que se le hallara un engrosamie­nto pleural. El demandante piensa recurrir, según las fuentes consultada­s.

Es uno de los 28 operarios a los que se localizaro­n alteracion­es en la pleura a raíz de una campaña de chequeos de TMB a partir de 2018, tras confirmars­e que el material nocivo seguía presente en piezas de trenes de las series 2000, 3000 y 4000 de las líneas 1 y 3, así como en estaciones y otros espacios de la red. Los últimos convoyes anticuados dejarán de circular este año.

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Jordi Otix Rafael Rubio, con el abogado Àlex Tisminetzk­y.

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