Apuntaladas 315 de las 420 viviendas afectadas por el derrumbe de Badalona
La inspección de los pisos afectados arroja que se tendrán que reformar las 21 fincas de la promoción para asegurar su estabilidad. El ayuntamiento avisa de que se tendrá que «restaurar la legalidad constructiva» en alguna de las viviendas.
La empresa contratada por el Ayuntamiento de Badalona, Seguí Arquitectura, ha finalizado las inspecciones de las 420 viviendas del barrio del Raval sobre las que pesa la preocupación del Gobierno local por su estabilidad, a raíz del derrumbe mortal del 6 de febrero. Así lo anunciaron ayer los tenientes de alcaldía Daniel Gracia y Rosa del Amo en una comparecencia de prensa que tuvo lugar en el edificio municipal El Viver: «Ahora mismo nuestro primer objetivo es que los vecinos puedan volver a casa para vivir», declaró Gracia.
Las revisiones realizadas se han traducido en el apuntalamiento del 75% de los 420 pisos (es decir, 315 viviendas), cuya estabilidad estaba comprometida. Aunque el consistorio no ofreció la cifra exacta, en muchos de ellos siguen viviendo los vecinos, ya que 16 de los 21 inmuebles que forman la manzana Canigó (22 contando el derrumbado) no han sido desalojados. En concreto, el consistorio explicó que se han apuntalado pisos en todas las fincas de la calles del Canigó y de Ausiàs Marc.
«Estamos convencidos de que se han salvado vidas, el riesgo de haberse repetido alguna situación similar a la del número 9 era muy alta», admitió el concejal Gracia. «En una ocasión, uno de los operarios movía el forjado del techo con la mano, que estaba a punto de caer. Hay que tener conciencia del riesgo de derrumbe que había», apostilló. Hay algunos pisos en que no se ha podido entrar, explica el consistorio, ya que tienen puertas antiokupas reforzadas con placas de metal: «Estamos esperando la autorización de los propietarios para entrar en ellos, no tardará en llegar», señaló el concejal Gracia.
Así, una vez aseguradas todas las viviendas, empezará el proceso de diagnosis del estado de las estructuras. Por el momento, el concejal Gracia confiró que «las actuaciones de refuerzo de la estructura tendrán que ser globales a toda la promoción». Es decir, las 21 fincas tendrán que realizar obras generales.
La empresa contratada por el ayuntamiento llevará a cabo la redacción del proyecto de reforma, basándose en «pruebas de fuerza y análisis de laboratorio». Entonces, el ayuntamiento informará a cada comunidad de las obras que serán necesarias de forma global en todas las comunidades. No serán las únicas obras que se tendrán que llevar a cabo. En la línea de lo que advirtió el alcalde Albiol el pasado 1 de marzo, el concejal Gracia recordó que «algunos particulares tendrán que restituir la legalidad de las construcciones». O lo que es lo mismo, que todo aquel vecino que hubiese realizado obras que puedan comprometer la seguridad de la estructura, tendrán que revertirlas.
Si bien es cierto que el 19 de febrero, en una reunión con los vecinos afectados, Albiol les pidió que se organizasen entre ellos para llevar a cabo las inspecciones, al día siguiente y tras la evacuación del tercer edificio de la calle del Canigó (contando el siniestrado), el Ayuntamiento de Badalona se desdecía y anunciaba que contrataría a una empresa especializada en cubiertas en base cerámica: «No podemos esperar a que las 22 fincas afectadas, con sus 420 viviendas, se pongan de acuerdo porque estamos muy preocupados, es una cuestión de responsabilidad y de sensibilidad», sostenía entonces Albiol.
«Estamos a la altura»
En general, el concejal Gracia se mostró satisfecho con la respuesta municipal a la tragedia: «Estamos a la altura, a diferencia de otras ciudades que cubren el apuntalamiento de manera subsidiaria», ha resaltado el regidor popular, en una referencia más o menos velada a la evacuación y posterior apuntalamiento de las viviendas del número 9-11 de la calle dels Pirineus de Santa Coloma de Gramenet.
En cuanto a la situación de los desalojados, la teniente de alcaldía, Rosa del Amo, informó que durante estas últimas semanas ha habido 16 familias que han requerido alojamiento provisional en pensiones, de las cuales seis continúan en esta situación.
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