El Periódico - Castellano

El fiscal deja el pacto con el novio de Ayuso en manos de la Abogacía del Estado

▶ El cruce de correos refleja que González reconoció los delitos fiscales y de falsedad

- C. G.

«No hay pacto sin la Abogacía del Estado». De este modo explican desde la Fiscalía la fase en la que se encuentran las negociacio­nes entre la defensa letrada de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la Fiscalía de Madrid para un posible acuerdo que rebaje las penas a las que pueda ser condenado el empresario. Se le imputan dos delitos fiscales y otro de falsedad por el impago de 350.000 euros en el impuesto de sociedades.

El 2 de marzo, el abogado Carlos Neira comunicó a la Fiscalía que es «voluntad firme» de su cliente «alcanzar una conformida­d penal, reconocien­do íntegramen­te los hechos (ciertament­e se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramen­te la cuota e intereses de demora a la AEAT». La respuesta del representa­nte del Ministerio Público al que le correspond­e el caso llegó el 12 de marzo. En su comunicaci­ón, el fiscal Julián Salto Torres adjunta copia de la denuncia presentada en los juzgados de Madrid y añade que aunque ésta afecta también a otras personas: «No será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible». En un comunicado, la Fiscalía señaló ayer que, «en definitiva, el único pacto de conformida­d, con reconocimi­ento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de Don Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto en fecha 2 de febrero de 2024».

Conformida­d

Fuentes del Ministerio Público explican que el correo del fiscal no implica que hubiera pacto y apuntan a la importanci­a de que la Abogacía del Estado, que representa a Hacienda, compruebe que se ha pagado para poder llegar a una conformida­d. Según esto, la posibilida­d de llegar a un pacto seguiría vigente, lo que contradice lo que el miércoles se explicaba desde la Comunidad de Madrid.

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