Consum multó un 64% más en 2023 tras poner el foco en el alquiler social

Balance agridulce de fin de año para la Agència Catalana de Consum. Dulce, porque este organismo encargado de velar por que se cumplan los derechos de los consumidores tiene primeros indicios de que empieza a disminuir la conflictividad entre las empresas que más reclamaciones acumulan y sus clientes. También, porque la estrategia puesta en marcha para vigilarlas con más ahínco empieza a dar sus frutos, y porque poder perseguir de forma más coordinada las infracciones en terreno inmobiliario se ha traducido en un aumento de las sanciones impuestas hasta los más de 10 millones este año pasado. Agrio, porque la lista de sospechosos habituales sigue siendo la misma y porque los sectores que más defraudan a los consumidores mutan poco.

Balance anual

Así lo refleja el balance anual presentado ayer por el secretario de Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, Albert Castellanos Maduell, y el director de la Agència Catalana de Consum, Albert Melià Roset, un compendio del que destacan tanto el incremento de las sanciones por no ofrecer alquiler social a propietarios que están obligados por ley, como lo mucho que se disparan las multas por vulneración de los derechos lingüísticos, es decir, que un producto no incluya el catalán en sus etiquetas, por ejemplo, o que un restaurante no tenga carta en este idioma.

En total, Consum recibió 7.200 denuncias, llevó a cabo 7.863 inspecciones, de las cuales algo más de 1.000 acabaron en sanción, y multó por valor de 10,5 millones de euros en 2023. Son, todos ellos, valores más elevados que el año previo, un incremento que relacionan en buena medida con las penas en relación con el alquiler social. Hay que tener en cuenta que este ha sido el primer año en el que el programa de colaboración con la Agència Catalana de l’Habitatge se ha desplegado por completo.

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