4.000 ancianos muertos en residencias de Madrid podrían haberse salvado
Las conclusiones sobre lo que ocurrió sobre todo al inicio de la pandemia con los mayores en las residencias de Madrid no son nuevas. Pero esta vez están documentadas en un informe realizado, según sus promotores, con una «metodología similar a la de un juicio», en la que se han analizado documentos oficiales, investigaciones de organizaciones internacionales, declaraciones judiciales y testimonios de 25 personas, entre ellas varias trabajadoras en residencias en aquellos meses, familiares de fallecidos y el exconsejero de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero. Con eso plasmado en un informe, los familiares de las víctimas reclaman a la Fiscalía que vuelva a judicializar lo ocurrido en la región madrileña durante la pandemia.
La Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias se creó en abril de 2023, promovida por las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia, y en su informe concluye que «se vulneraron derechos fundamentales» y se pudo haber evitado la muerte de muchos mayores que no fueron trasladados a los hospitales. «Pudo y debió haberse evitado», apunta este informe presentado ayer en el Ateneo de Madrid y al que han asistido los portavoces de Más Madrid y PSOE en el Ayuntamiento de la capital y la Asamblea de Madrid.
Fernando Flores Giménez, redactor del informe y profesor del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de València (IDH) y profesor de Derecho Constitucional en la misma universidad, ha resumodo en las conclusiones que «la no medicalización unida a la no derivación» fue lo que determinó que muchos mayores fallecieran en las residencias discriminados «por edad y discapacidad». A su lado, José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo y presidente de esta comisión, aseguró que durante este trabajo escuchó «testimonios» que se le han quedado «grabados» por su crudeza.
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