El Gobierno británico impulsa medidas contra la radicalización
▶ El aumento de ataques de islamistas y de la extrema derecha pone firme al Ejecutivo
La tensión por el conflicto en Gaza se ha adueñado del debate político en el Reino Unido. Tanto el Gobierno británico como los miembros del Parlamento han alertado del aumento de los ataques y de las amenazas en los últimos meses por parte de grupos islamistas y de extrema derecha, algo que recientemente llevó al primer ministro, Rishi Sunak, a hacer una declaración poco habitual frente al número 10 de Downing Street con el objetivo de mostrar firmeza ante cualquier conducta que incite a la violencia o que ponga en peligro los «valores británicos». El Ejecutivo está preparando desde entonces un paquete de medidas para frenar la radicalización, con algunas propuestas que están generando dudas incluso dentro de su propio partido.
Una de las principales es la ampliación de la definición de «extremismo» para incluir a todas las organizaciones que promuevan o fomenten la intolerancia, el odio y la violencia o que pongan en peligro el sistema liberal y los derechos democráticos en el Reino Unido, publicada este jueves por el Gobierno conservador. La medida, a cargo del ministro Michael Gove, prevé impedir que cualquier órgano gubernamental o representante público pueda involucrarse o financiar a las entidades que entren dentro de esta nueva definición, en la que también estarán incluidas las organizaciones o las personas que resten importancia al riesgo del extremismo, aunque no lo promuevan directamente. En los próximos días, el Gobierno difundirá una lista con las organizaciones que, aun siendo legales, considera extremistas y creará un centro de excelencia contra el extremismo en el Ministerio de Comunidades para analizar cada caso.
Limitación de derechos
La falta de un criterio claro para definir lo que puede ser considerado extremismo, sin embargo, ha puesto en alerta incluso a miembros del Partido Conservador, quienes temen que los grupos contrarios al aborto o a los derechos LGTBIQ+ también resulten afectados por la nueva medida. Una de las voces más críticas ha sido la de la diputada Mariam Cates, miembro del ala dura del partido, quien dice que los planes del Gobierno son una
Miembros del Partido Conservador temen que algunos grupos vean recortados sus derechos
«pendiente resbaladiza» hacia la limitación de derechos fundamentales y quien ha recordado que ya existen delitos como la incitación a la violencia o el enaltecimiento del terrorismo para perseguir este tipo de conductas.
«En una sociedad libre y democrática con pluralidad de opiniones y creencias, es insensato y peligroso separar el extremismo de la violencia y el terrorismo», ha asegurado Cates a través de las redes sociales. «Si las opiniones extremistas son ilegales, entonces quien define el extremismo tiene el poder de coartar la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de prensa y la libertad de asociación. Este es el camino hacia el autoritarismo», ha añadido. El Gobierno tiene previsto crear un nuevo organismo que controle las actitudes o los discursos que puedan entrar en la nueva definición y que alerte a las personas responsables antes de tomar medidas más contundentes.
Existe el riesgo, sin embargo, de que organizaciones pacíficas como la Campaña de Solidaridad con Palestina (PSC) también entren dentro de esta definición. Esta situación limitaría su acceso a recursos públicos e impediría a los miembros del Parlamento más favorables a la causa palestina –como el exlíder del Partido Laborista Jeremy Corbyn– involucrarse de forma activa en sus campañas.
Pese a las críticas, el Gobierno sigue determinado a aprobar medidas para frenar los ataques contra la «democracia multirreligiosa» británica, según Sunak. ■