La India aplica su ley antimusulmana en vísperas de las elecciones
▶ La norma de ciudadanía fue promulgada hace dos años y puesta en suspenso tras las protestas, pero Modi la recupera para satisfacer a los hindús
La India pateará su ejemplar ordenamiento jurídico laico en vísperas de las elecciones legislativas que se celebran entre el 19 de abril y el 1 de junio. El Gobierno del nacionalista hindú Narendra Modi ha ordenado que se implemente una ley de la ciudadanía, conocida como ley antimusulmana, que fue promulgada dos años atrás pero las protestas masivas y mortales recomendaron congelarla. La recupera Modi cuando aspira a su tercer mandato en otra embestida islamófoba que satisface a la mayoría hindú.
La ley, de redactado humanitario y espíritu inquietante, concederá la ciudadanía india a inmigrantes sin papeles de varias minorías religiosas (hindús, sijs, budistas, parsis, jainistas y cristianos) llegados desde tres países de mayoría musulmana (Afganistán, Bangladés y Pakistán). No serán necesarios ya los 11 años acreditados en la India, sino que bastará con probar la llegada antes de 2015 para conseguir los documentos por un procedimiento de urgencia. Si la ley pretende el amparo de minorías perseguidas, sorprende que no incluya a los rohinyás de Myanmar, los ahmadis de Pakistán o los hazara de Afganistán. Los musulmanes quedan excluidos porque, según Modi, ni son una minoría ni necesitan la protección estatal.
Amnistía Internacional sostiene que la nueva ley legitima la discriminación por religión y atenta contra los valores constitucionales de igualdad y los derechos humanos internacionales. Algunos estados donde no gobierna la formación de Modi han avanzado que no la aplicarán. Es un problema de escala estatal porque la comunidad de casi 200 millones de musulmanes (la tercera mayor del mundo) está diseminada por todo el país.
La ley también ha estimulado el nativismo, el localismo y el indigenismo, modernos eufemismos para la xenofobia de toda la vida. El partido Bharatiya Janata de Modi, representante de la derecha hinduista, ha limado en la última década los principios seculares de la mayor democracia del mundo. Las minorías religiosas lamentan la persecución y el castigo de los disidentes. Ningún colectivo lo ha sufrido más que el musulmán. Apenas un mes antes fueron demolidas dos mezquitas en Nueva Delhi y el estado de Uttarakhand. Llovía sobre mojado: Modi había inaugurado en enero un templo hinduista donde hubo durante 500 años una mezquita hasta que fue demolida por los nacionalistas. Los conflictos religiosos integran cíclicamente la crónica negra. Han sido linchados musulmanes que presuntamente comieron carne de vaca, animal sagrado para los hinduistas. Sus viviendas y negocios han sido derribados por lo que se conoce como «justicia de la piqueta» y los boicoteos no son extraños. Algunos hablan de genocidio.
El estruendoso silencio de Modi incentiva las tropelías. Desde su partido abundan las alusiones combativas hacia los refugiados musulmanes. El Ministerio del Interior los definió como «termitas» e «infiltrados» que ponían en riesgo la seguridad nacional. También temen las minorías el Registro Nacional de Ciudadanos con el que la India pretende expulsar a los simpapeles. Solo funciona en el estado de Assam, pero Nueva Delhi quiere extenderlo a todo el país.
Hasta el noreste de Nueva Delhi han llegado policías y paramilitares. Ahí estallaron las protestas más fragorosas cuando la ley fue promulgada aunque acabaron extendiéndose a varios estados. Dejaron más de un centenar de muertos y miles de detenidos antes de que Modi la aparcara. EEUU, Canadá y el Reino Unido desaconsejaron la llegada de turistas al país. No es descartable que regresen las convulsiones sociales.
■
Amnistía Internacional sostiene que atenta contra la igualdad y los derechos humanos